Donde hay más margen para mejorar la financiación del sistema es en la aportación de las administraciones públicas
Y es que la aportación del usuario vía tarifas, con la que se cubre el 50% de los costes del sistema del transporte público urbano en España, resulta suficiente y equilibrado de acuerdo a una variable económica tan transparente como el PIB. De este modo, si comparamos Madrid con Berlín, con PIB similares, el abono de la capital española es más de 20 euros más barato que en la alemana, 54,6 frente a 78 euros concretamente.
En cuanto a Barcelona, si la comparamos con Birmingham (la segunda ciudad en población de España y Reino Unido) la diferencia es más notable, de hasta 30 euros para poder viajar tantas veces como el usuario quiera durante un mes. Y lo mismo sucede si analizamos el billete sencillo, donde el coste en las ciudades europeas se sitúa en torno a los 2,30 euros, frente al 1,8 de Madrid y Barcelona de media (más caro en la ciudad condal que en la capital), según el informe 'Análisis de la Financiación del Transporte Público en España' de Atuc elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos.
Mejoras en la financiación
Para Atuc la mejora de la financiación en lo que a la parte del usuario respecta tiene poco margen, más allá de algunas alternativas a estudiar como una misma tarifa independientemente del medio de transporte, o en función de los picos de demanda (con un precio u otro en función del volumen de usuarios en determinados momentos del día), que permitirían optimizar mejor las aportaciones tarifarias.
En cambio, donde sí hay más margen para mejorar la financiación del sistema es en la aportación de las administraciones públicas, responsables del 50% restante, para lo que se necesitaría previamente la creación de un marco legal para toda España a través de una Ley de Financiación del Transporte Público que de momento no existe. De este modo, se acabaría por ejemplo con la situación de imprevisibilidad a la que se ven abocados los ayuntamientos, que no saben hasta finales de año el dinero de que dispondrán para el año siguiente. Esto significa que, a pesar de tener que preparar con antelación los presupuestos, no saben hasta el último momento cuánto dinero tendrán para financiar el transporte público.
La solución a la falta de previsión actual sería poder desarrollar planes dinámicos a cuatro años en los que se definan las necesidades a cubrir del transporte público y las aportaciones para satisfacerlas por parte del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero aún así se trata de una medida que iría respaldada por la mencionada ley de financiación.
Tal como señala el secretario general de Atuc, Jesús Herrero, “nadie discute el apoyo público al transporte urbano colectivo, ya que es un pilar del estado del bienestar y democratiza la movilidad. Y eso por no hablar de los beneficios medioambientales. Pero este apoyo público es inestable y no se sabe quién debe pagar cuánto. El sector está plenamente comprometido con dar un servicio de calidad pero necesitamos previsión y estabilidad en la financiación. El usuario ya cumple y disfruta de un transporte público referente en Europa, ahora falta que las administraciones pongan de su parte y garanticen no más dinero, sino orden y previsibilidad”.
