A la presentación del libro, que contó con la presencia del director general de Tráfico, Pere Navarro, y del fiscal del Estado para la Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, también asistieron Jacques Uchet, director adjunto de la Representación de la Comisión Europea en España; Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; Francisco Rebollo, presidente de Eurosistema Club Automovilista; y María Jesús Magro, directora de la Fundación José Pons.
El autor aboga por "la creación de una serie normas y códigos éticos desde el punto de vista jurídico, político, social y civil", en un libro patrocinado por la Fundación José Pons y Eurosistema Club Automovilista, en el que Moreiro introduce un elemento que considera imprescindible: el factor humano, sobre todo, teniendo en cuenta que es el causante del 90% de los accidentes. Por ello, considera que cualquier iniciativa en este ámbito debe estar orientada hacia cuatro grandes áreas: la adopción de bases jurídicas nacionales y supranacionales capaces de articular fórmulas eficaces de prevención y sanción de las conductas de riesgo; la ejecución de una serie de políticas públicas pro-activas; la movilización de la sociedad civil organizada para la difusión de las mejores prácticas automovilísticas; y, la identificación y el cumplimiento de un código ético que erradique la conducción antisocial.
Para Moreiro, hay que modificar la actual normativa que "otorga ciertos márgenes de tolerancia a imprudencias menos graves o situaciones ocasionales de riesgo grave". Incluso defiende endurecer "algunas conductas temerarias que ocurren en un contexto sin riesgos a terceros".
Medidas globales
El catedrático considera que habría que aprovechar el nuevo Tratado de Lisboa para encauzar las medidas comunitarias hacia el ámbito del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y establecer una serie de mecanismos para permitir la cooperación entre los Estados de la UE, defendiendo, además, la eficacia del modelo descentralizado español que permite el impulso de las políticas públicas de seguridad vial en diferentes niveles (local, regional y nacional).
Por otro lado, Moreiro piensa que el carné por puntos "no es un medio que a posteriori sirva para erradicar las conductas infractoras teniendo en cuenta que hay un 25% de conductores antisociales y sólo un 8% se reconoce como tal, y que el 75% no considera los delitos de homicidio como delitos contra la seguridad del tráfico". Por ello, estima que el cambio de mentalidad sólo puede conseguirse con la pedagogía en valores.
