La Comisión constató que los fabricantes europeos de camiones habían fijado los precios en la venta de camiones de más de seis toneladas de MMA y cabezas tractoras entre 1997 y 2011 y, que asimismo, durante dicho período retrasaron la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para mejorar las emisiones de sus vehículos. Se estima que en España el número de vehículos de transporte afectados superaría las 200.000 unidades.
Dicha jornada está abierta a la asistencia de abogados técnicos y empresarios de transporte, previa inscripción
La propia resolución sancionadora reconoce el derecho de todos los afectados por dichas prácticas anticompetitivas a reclamar contra dichos fabricantes. Además, a excepción de uno de los fabricantes, el resto de las marcas sancionadas han reconocido su participación en el cártel y han aceptado su responsabilidad ante la Comisión Europea, lo que ha permitido a todos los que adquirieron un camión o cabeza tractora durante dichos años reclamar una indemnización por el sobrecoste del precio que se abonó en la compra de cualquiera de las marcas participantes en el cártel.
Sin embargo, la reclamación de este tipo de indemnizaciones se enfrenta a la dificultad de valorar de forma precisa el daño, así como las actuaciones judiciales posibles a ejercitar para llevarla a cabo, teniendo en cuenta además que la justicia española no cuenta con una experiencia consolidada en materia de reclamación de daños por prácticas concertadas anticompetitivas.
En este sentido, cabe tener en cuenta que han sido multitud de despachos jurídicos y abogados quienes han ofertado sus servicios a los transportistas y empresas afectadas por el cártel, lo que requiere por su parte una especial profesionalización y conocimiento de la legislación y procedimientos judiciales aplicables a dicha reclamación que evite posibles consecuencias económicas perjudiciales para los reclamantes por una eventual desestimación con condena en costas, ya sea por una inadecuada acreditación de los daños ocasionados o bien por otra deficiencia de índole procesal o material.
Con tal motivo, la Fundación Quijote para el Transporte ha organizado esta jornada técnica de máximo nivel, que contará con la presencia de magistrados y jueces, catedráticos y docentes universitarios, así como responsables de organismos españoles de defensa de la competencia.
