Según Fenadismer, la Diputación de Guipúzcoa, representada por su Diputada de Infraestructuras, Dª Aintzane Oiarbide, "aunque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado ya por dos veces su peaje a camiones por ser discriminatorio, se obstinan en mantenerlo contra viento y marea pese a las consecuencias económicas que puede representar para las arcas forales en el caso de que finalmente el Tribunal Supremo confirme los fallos judiciales y tengan que devolver los aproximadamente 30 millones de euros recaudados hasta la fecha a los transportistas españoles y del resto de la Unión Europea que transitan por territorio guipuzcoano".
'Dos veces lo ha declarado ilegal por nada menos que por vulnerar un principio tan fundamental, como es el de no discriminación'
A los pocos días de que se hiciera pública la segunda sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al peaje a camiones en la N-1 y la A-15 puesto en marcha en enero de 2018, y que a día de hoy sigue cobrándose, "la Diputada Foral de Infraestructuras amenazó con el 'farol' de elevar el rango de ley la norma reguladora del peaje, a fin de blindarla de posibles recursos por parte de los afectados por dicha medida ya que, conforme al sistema constitucional vigente en nuestro país, las leyes no pueden ser recurridas directamente por los ciudadanos, sino por sus representantes parlamentarios o el Defensor del Pueblo", apunta la asociación.
Así, el último movimiento hasta el momento que ha llevado a cabo la Diputación de Guipúzcoa ante el Tribunal Supremo es lo que Fenadismer califica como “malabarismo judicial”, planteado la semana pasada en el trámite del recurso de casación planteado en su día por dicha institución contra la primera sentencia en contra, por el que pretende declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para conocer de la Norma Foral que estableció los peajes a camiones, bajo el peregrino argumento de que consideran ahora que la norma tenía carácter tributario, a pesar de que fue tramitada por la Comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales de Guipúzcoa y no la Comisión de Hacienda. Además, explica Fenadismer, "su cobro y gestión no lo hace una Administración sino que lo lleva a cabo una empresa privada de capital público, como es Bidegi, aplicándose el IVA correspondiente como cualquier otro peaje en el resto de España".
Fenadismer recuerda que "el fondo de la Norma ya ha sido analizado por dos veces por un Tribunal Superior y por dos veces lo ha declarado ilegal por nada menos que por vulnerar un principio tan fundamental, como es el de no discriminación, por lo que cualquier artimaña legal que pretenda llevarse a cabo para sortear dicho pronunciamiento reiterado tan contundente no va a poder “borrar” su carácter discriminatorio, por mucho que algunos pretendan ignorarlo".
