El proceso comenzó de manos de la asociación Élite Taxi, que demandó a la aplicación por competencia desleal al considerar que "ofrece una actividad de transporte de viajeros sin licencia legal".
Aunque la Comisión Europea prefiere mantenerse a un lado en la batalla entre el Sector del Taxi y la aplicación de transporte, el juez de Barcelona, José María Fernández Seijo, encargado de determinar si Uber es proveedora de un servicio de transporte o tan sólo oferta una actividad de intermediación electrónica, considera "imprescindible" conocer la opinión del Tribunal de Justicia de la UE para decidir si la actividad de Uber en España puede considerarse como competencia desleal.
El Tribunal, por su parte, pidió a varios países de la Unión Europea, como Holanda, Polonia y Francia y entre los que se encontraba España, que elaborasen un informe acerca de la actividad de Uber. En su escrito el Gobierno de España asegura que aunque Uber no tiene una relación física directa con el usuario, "genera con éste un vínculo mercantil y participa directamente en la actividad del transporte" ya que establece las condiciones por las que los conductores pueden ejercer y gestiona los cobros y pagos, además de establecer la tarifa a aplicar en los servicios realizados.
Los abogados de Élite Taxi se han mostrado muy positivos ante el informe de España ya que consideran que "la posición de la Abogacía del Estado es tan clara que va a ser fundamental" en el dictamen que emita el Tribunal de la UE, al que Fernández Seijo está esperando para emitir una sentencia.
