La disputa
Desde el Sector de Carretera de FSC-CCOO se viene reiteradamente manifestando la defensa del servicio público del taxi frente a los intentos de desregulación que suponen un drástico cambio del modelo de movilidad urbana, favoreciendo a multinacionales como Uber y Cabify, que practican elusión fiscal y precarización laboral, con pretensiones de privatización y apoderamiento del mercado.
Estas multinacionales tratan de sustituir al servicio público, saltarse las normas existentes de transporte, de empleo y de consumo, y ahora pretenden que se liberalicen las VTC
En opinión de FSC-COOO, estas multinacionales tratan de sustituir al servicio público, saltarse las normas existentes de transporte, de empleo y de consumo, y ahora pretenden que se liberalicen las VTC, como fórmula por la "puerta trasera" de multiplicar las licencias, cuando en realidad deben seguir controladas.
Así mismo, la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español, CIAE, respalda a los autónomos taxistas en sus reivindicaciones contra estas plataformas. Desde CIAE consideran “inaudito que un colectivo tan importante para la vida de las ciudades se encuentre en la indefensión total ante una Administración que ni controla ni frena la concesión de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTCs).” Y ven como “un escándalo que operen cuatro veces más VTCs que los que permite la normativa en vigor”.
CIAE, quiere remarcar que los autónomos taxistas tributan honestamente y ponen en alerta a otros sectores de las repercusiones que traería una "uberización" de la economía. “Esa mal llamada ‘economía colaborativa’ no paga los impuestos que corresponden donde obtienen sus beneficios, su actuación es una lacra para las necesidades comunes de un país”.
El sindicato reclama que las Administraciones Públicas se pronuncien sobre el futuro de este sector abandonando la ambigüedad con respecto a estas multinacionales y actuar decididamente para salvaguardar un servicio público que se ve amenazado por estas, que ya han sido expulsadas de muchos países como Italia, Dinamarca, Japón, Canadá, Francia. De hecho el Tribunal de Justicia Europeo ha ido penalizándolas por no cumplir con las normas de cada país.
