La revisión de la Directiva sobre viajes combinados, que acaba de superar una votación clave en la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, ha sido bien recibida por la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU). Sin embargo, la asociación ha levantado la voz de alerta: las nuevas exigencias podrían suponer una carga desproporcionada para los operadores de turismo en autocar, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que constituyen el tejido esencial del turismo por carretera en Europa.
“La cultura normativa debe equilibrar la protección al viajero con la supervivencia de quienes hacen posible el viaje”, ha defendido Raluca Marian, directora de Defensa de la UE de IRU. Según ha explicado, algunas de las obligaciones previstas, como los cortos plazos de reembolso, podrían dejar sin liquidez a muchas empresas, que ya enfrentan una operativa compleja y márgenes ajustados.
Cambios bienvenidos, pero aún insuficientes
Entre los aspectos positivos, la IRU celebra la eliminación del límite del 25 % a los anticipos, que habría generado graves tensiones de tesorería. También destaca las mejoras en la definición de circunstancias extraordinarias, el reconocimiento de advertencias de viaje oficiales como motivo de cancelación y una definición más práctica de “paquete turístico”.
No obstante, persisten elementos preocupantes: los plazos propuestos de 7 días para el reembolso por parte del operador y 14 días para el organizador son “simplemente inviables”, según IRU. La organización propone ampliarlos a 15 y 30 días, respectivamente, como vía razonable para garantizar viabilidad sin perjudicar al consumidor.
Un llamado al equilibrio y la sensatez
La organización también rechaza las sanciones del 4 % del volumen de negocio, por considerarlas desproporcionadas en un sector donde los viajes combinados representan solo un 10 % de las operaciones. Además, pide una mayor flexibilidad en el uso de bonos en situaciones de crisis, dado que exigir la aceptación del viajero incluso en escenarios extraordinarios podría dejar a los operadores sin alternativas ante cancelaciones masivas.
El texto, que busca modernizar la legislación tras las lecciones aprendidas durante la pandemia, aún debe pasar por el Pleno del Parlamento Europeo. Mientras tanto, IRU insiste en que la normativa final debe reflejar la realidad operativa del turismo por carretera y no poner en riesgo a miles de empresas que conectan destinos y personas a diario.
