Atuc cree que reforzar la intermodalidad y conexión entre los distintos sistemas de movilidad es más necesario que nunca
La Asociación cree que reforzar esta intermodalidad y conexión entre los distintos sistemas de movilidad es más necesario que nunca, ya que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar antes de 2023 con zonas de bajas emisiones y poner en marcha medidas para facilitar el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie; y las consecuentes restricciones a los vehículos privados en los centros de las ciudades provocará un incremento de usuarios del transporte público.
La entidad considera que el futuro Gobierno tiene la oportunidad de completar la Ley, detallando con medidas concretas cómo se materializará esa estrategia, antes de que entre en tramitación parlamentaria; puesto que aunque suponga la regla básica que regirá la elaboración del PNIEC y la Estrategia de transición justa, se declinará en cuanto se disuelvan las Cortes el 5 de marzo.
En este sentido, incluso fuentes gubernamentales han incidido en que ahora se abre un proceso de debate y que será el Gobierno saliente de los próximos comicios el encargado de aprobar definitivamente el plan, por lo que la Asociación piensa que hay tiempo suficiente para dialogar con el sector y alcanzar un consenso sobre la hoja de ruta a seguir para impulsar el transporte público de manera ambiciosa y efectiva.
La descarbonización de la flota
La patronal del transporte público respalda los objetivos, entre otros, de alcanzar un consumo del 42% de renovables en 2030, de “culminar en 2040 con vehículos sin emisiones de CO2” (tal y como manifestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcando una hoja de ruta que el próximo gobierno debería respetar) y de desacarbonizar la economía española en 2050.
En lo que al transporte público concierne, la ley pretende mejorar y electrificar el sistema de forma progresiva. Pues bien,
Atuc se compromete a renovar las flotas, aunque paulatinamente, para no poner en riesgo la cuenta de resultados de las empresas operadoras y evitar que ese tránsito encarezca el precio de los billetes. En este marco, señala el último informe del Observatorio de Movilidad, del que se desprende que el 47% de la flota es Euro 5 o Euro 6, es decir, las normativas más exigentes; y que la totalidad de la flota ferroviaria es eléctrica. Sea como fuere, esta transición hacia una flota 100% “eco” también debería sustentarse en una Ley de Financiación del transporte público, cuya tramitación podría retrasarse como consecuencia del adelanto electoral. En la actualidad, España es el único país de Europa sin una legislación al respecto.