La patronal española señala que esta respuesta del Ministerio "era de esperar", dejando fuera de las ayudas para la renovación de la flota de transporte a los 102.000 transportistas autónomos y empresas de transporte de mercancías por carretera e impidiendo de este modo que miles de operaciones de compra de camiones y furgones que se han formalizado en los últimos meses puedan acogerse al presupuesto de 20 millones de euros que el Plan Renove 2020 prevé para esta categoría de vehículos.
El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, en una carta remitida a las asociaciones de transportistas, recuerda que el programa de ayudas Renove "está sometido a los requisitos y límites del Reglamento europeo 1407/2013 de minimis", añadiendo que "las empresas de su sector de transporte por cuenta ajena de mercancías por carretera, dicho reglamento excluye de sus ayudas la adquisición de vehículos con dicho fin". La carta concluye señalando que "desde este Ministerio de Industria seguimos siendo muy sensibles con el apoyo a sus empresas, si bien, ello no siempre es posible en todos los programas de ayuda, no por nuestra voluntad, sino en cumplimiento de la regulación comunitaria al respecto".
En 2015 sí se permitía
Fenadismer no comparte el argumento expuesto por Raúl Blanco, "no ya sólo porque
otros Gobiernos europeos están concediendo ayudas a sus transportistas para la renovación de sus flotas, tanto vehículos de propulsión diésel como de energías alternativas, sino porque además dicha posición restrictiva
es contradictoria con la seguida por el Gobierno español en 2015, rigiendo la misma reglamentación europea que ahora sirve de excusa para excluir al colectivo de transportistas del Plan Renove 2020".
Así, la patronal recuerda que las ayudas directas, aprobadas en diciembre de 2014, para la renovación de la flota profesional de transporte pesado de mercancías incluidas en el Plan de Impulso al Medio Ambiente (Plan PIMA Transporte), fue dotado con un presupuesto de 4,7 millones de euros y
preveía ayudas para los transportistas de hasta 3.000 euros, condicionadas al achatarramiento de un camión o furgón de más de ocho años de antigüedad.