El texto inicial prevé que cuando un conductor de otro estado miembro exceda los límites de velocidad, consuma alcohol al volante, no utilice el cinturón de seguridad o se salte un semáforo no quede impune, tal y como suele suceder ahora. A tal fin, las autoridades que lo detecten tendrán que ponerse en contacto con la policía del país del que proceda el conductor, que ayudará a identificarlo. Posteriormente, la autoridad nacional relevante se encargará de notificar la infracción al propietario del vehículo y le pedirá que abone la multa pertinente. Si después de dos meses el afectado no ha pagado la multa, el país que detectó la infracción llevará el caso ante un juez nacional para que dicte una resolución penal e informará a otro juez del estado de origen.
El carácter penal de la resolución que dictaría el juez hace dudar de si la UE tiene o no competencia en este sentido. Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, se pueden aplicar sanciones penales si son necesarias para hacer cumplir las normas comunitarias. El problema es que la Unión Europea no dispone de normas comunes de circulación vial.
La presidencia francesa de turno de la Unión considera plantear normas comunes en esta materia, pero la oposición frontal de muchos países hace improbable, de momento, que esta vía tome cuerpo. Lo que sí parece viable es que la presidencia sugiera limitar la propuesta inicial de la Comisión a un simple intercambio de información, excluyendo la parte penal, con lo que se perdería casi todo el peso de la iniciativa y habría que completarla con otras medidas más adelante.
