Aún así, critica la tardanza y se preocupa por poderle afectar otro proyecto de ley
Una de las asignaturas pendientes en materia de contratación mercantil es la necesidad de aprobar un
régimen sancionador que sancione los incumplimientos en materia de plazos de pago que de manera habitual se producen en el ámbito comercial, especialmente por parte de las grandes empresas, que imponen condiciones abusivas a sus proveedores con absoluta impunidad, basándose así su rentabilidad no en su actividad productiva, sino en la actividad financiera que generan a costa de los autónomos y pymes que trabajan para a estas grandes grupos empresariales.
Hay que recordar que tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo "normalizado" de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, prohibiendo en todo caso de que el plazo de pago máximo superara los 60 días. Sin embargo, en la práctica la falta de un régimen sancionador que penalice la falta de pago en estos plazos, ha supuesto un incumplimiento generalizado de esta ley. Así, en el sector del transporte por carretera, conforme a los datos extraídos del Observatorio de la Morosidad que mensualmente elabora la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte , se evidencia que en torno a un 65% de los clientes de los transportistas incumplen de forma reiterada la ley de morosidad,
situándose el plazo medio de pago en 2020 en más de 80 días de media, habiéndose producido un importante incremento después de la crisis sanitaria.
En este sentido, sobre la base del compromiso asumido con las asociaciones de transportistas el mes de julio, el Ministerio de Transportes se comprometió a
impulsar la aprobación de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad específico del sector del transporte por carretera , la tramitación de la cual inició el mes de septiembre, por vía de urgencia, a pesar
a efectos prácticos ha tardado más de cinco meses a redactar el proyecto de ley que el pasado martes 9 de febrero aprobó en Consejo de Ministros para iniciar su tramitación y aprobación final en el Parlamento.
Aunque el
Gremio de Transportes y Logística de Cataluña valora muy positivamente este proyecto, muestra su preocupación porque durante la tramitación parlamentaria se pueda ver afectado por el otro proyecto de ley de establecimiento de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad por a todos los sectores económicos. Este segundo proyecto se encuentra en una situación más avanzada, ya que fue impulsado en el propio Congreso de los Diputados dentro de los acuerdos adoptados el pasado mes de junio en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica promovida para establecer medidas de reactivación del país tras la crisis ocasionada por la Covidien-19. Con esta acción el Congreso daba respuesta a una histórica reivindicación de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y otras organizaciones de representación empresarial, en todo el Estado, que en los últimos años han estado exigiendo el establecimiento de un código sancionador con el objetivo de proteger el pequeño empresario frente a la imposición y abusos de sus pagadores, principalmente las grandes empresas y las Administraciones Públicas.
