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ITT: “Entre uno y dos millones de personas, a la espera de un carné de conducir”
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ITT: “Entre uno y dos millones de personas, a la espera de un carné de conducir”

martes 06 de abril de 2021, 07:00h
Preocupación por la falta de examinadores y la ralentización que eso conlleva

Los españoles se quedan sin oportunidades de trabajo por no poder examinarse a tiempo para obtener sus permisos de conducción, a pesar de las convocatorias para nuevos examinadores, que se supone descongestionarán la situación.

Más de dos millones de personas esperando examinarse

A partir de los datos oficiales publicados por la Dirección General de Tráfico y analizados, en España habría actualmente más de dos millones de personas esperando examinarse para obtener su carné de conducir, en su mayoría, para obtener el permiso de categoría B.

Solucionar la lista de espera serían casi 3 años


Con una plantilla de examinadores operativos como la actual, de 704 personas, que realizan 12 pruebas diarias, solucionar la lista de espera, le llevaría a la DGT, 33 meses, siempre y cuando no se incorporaran nuevos aspirantes a la misma.

No es coyuntural, por la pandemia, sino estructural

ITT: “La falta de examinadores no es un problema puntual, fruto de la situación de pandemia, sino una situación estructural que se viene arrastrando desde hace décadas y a la que nadie pone solución definitiva”.

La situación actual en las Jefaturas Provinciales de Tráfico es desesperante. Miles de aspirantes esperan una fecha para poder examinarse del práctico de conducir, pero la falta de personal examinador, no permite que los alumnos puedan examinarse de la prueba de circulación en un tiempo prudencial. Esto deja en una situación de desprotección total tanto a las autoescuelas, como a los ciudadanos, los verdaderos damnificados, que pagan sus tasas por adelantado pero no reciben el servicio por el que pagaron.

La falta de examinadores no es un problema nuevo. Desde la década de los 70, se viene produciendo este problema que de forma estructural afecta a la DGT.

Examinadores bajo mínimos en la súltimas dos décadas

En los últimos 20 años, la plantilla de examinadores se ha reducido en más de un tercio, pasando de los casi 1.000 funcionarios que ejercían su labor en las jefaturas en el año 2006 a los 704 que están actualmente operativos. Según datos oficiales, en el año 2020, la DGT contaba con 791 examinadores en activo, de los cuales 70 realizan labores de coordinación y otros 17, están adscritos a la Subdirección General de Formación y Educación Vial, dirigidas por María Jesús Aparicio. Eso deja una plantilla de poco más de 700 examinadores para realizar más de 2 millones de pruebas, lo que conlleva a una situación de colapso del sistema de pruebas, generándose “cuellos de botella” por la gran cantidad de alumnos que demanda su prueba y la poca capacidad de exámenes que tienen las jefaturas.
Sistema CAPA

Esta situación de colapso ha venido propiciada, además de por el descenso en la plantilla de funcionarios examinadores, por la repercusión que han dejado las huelgas que éstos llevaron a cabo en los años 2015 y 2017, y que trajeron consigo una reducción de las pruebas diarias a realizar a 12. Todo ello se vio agravado por la situación derivada de la COVID-19 y la implantación progresiva en las jefaturas del sistema CAPA. Un sistema que la DGT ha puesto en marcha para adaptar la alta demanda de pruebas a la escasa oferta de las jefaturas.

Este sistema, según palabras de la Subdirectora de Formación y Educación Vial de la DGT, María José Aparicio, es un “algoritmo que permite ajustar y repartir la capacidad de examen de cada Jefatura Provincial de Tráfico” entre sus autoescuelas, asignando a cada una de ellas, el cupo de alumnos que puede presentar a examen en el periodo correspondiente, según la tasa de alumnos aprobados en el teórico que tenga, y el cómputo total de aspirantes que la Jefatura tenga para examinar en esa categoría durante ese periodo. Algo que limita mucho el número de alumnos que las autoescuelas pueden presentar a examen y dilata los tiempos para obtener el permiso.

Esta situación, por no poder examinarse, está generando un fuerte malestar social tanto en las autoescuelas como en los ciudadanos, en última instancia los grandes perjudicados, que ven demorarse por meses la realización de sus pruebas prácticas después de haber superado la parte teórica, generando un colapso que no se soluciona.

¿Colapso fruto de alumnos mal preparados?

La DGT sostiene que parte de ese colapso viene dado por la mala preparación de los alumnos que se presentan, trasladando la culpa a las autoescuelas y no reconociendo que el problema viene por la falta de examinadores. ITT y sus autoescuelas sostienen que ese argumento no es válido ni justificativo, ya que de los aspirantes que se presentan a la prueba de circulación para la obtención del permiso B, el 60% obtienen el apto en primera o segunda convocatoria. Y en el resto de pruebas, el porcentaje supera ampliamente el 70%.

CON TASAS PERO SIN EXAMEN

Sin embargo, la administración sigue cobrando tasas para las pruebas de examen (actualmente la tasa para realizar el examen está en 93,12€) aunque no examine por falta de personal examinador. “La DGT cobra por examinar pero no ofrece el servicio correctamente. ¿Quién lo impide? ¿El Gobierno, el Ministro, el Director General? Mientras, las autoescuelas mueren por no poder trabajar correctamente porque no hay suficientes funcionarios que atiendan la demanda de exámenes”.


“Las autoescuelas podrían crear 1500 puestos de trabajo directos como profesores de formación vial, a la vez podrían favorecer de forma indirecta a otros sectores con los que está relacionados, como el sector de la automoción, ya que si hay más trabajo, se pueden adquirir más vehículos, el sector de los talleres de reparación o el sector de los combustibles.“

“Nada de esto se puede hacer porque no hay una cabeza visible que tome las decisiones correctas. Los principales damnificados, son los ciudadanos, que no pueden examinarse en los plazos normales e incluso pierden posibilidades laborales, en un momento en el que obtener un empleo es complicado y difícil, y las autoescuelas, que pierden clases por no poder llevar a sus alumnos a examen”.

Desde ITT pedimos al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tome cartas en el asunto y solucione de una vez , un problema estructural que lleva décadas existiendo y que pasaría por dotar a la DGT de presupuesto suficiente con el que aumentar por un lado, el número de funcionarios examinadores, y por otro, mejorar las condiciones laborales de los mismos, de manera que el puesto resulte más atractivo para el resto de los cuerpos funcionariales de la Administración y se llenen todas las vacantes ofertadas por la DGT para ser examinador de tráfico por promoción interna, y que actualmente no se cubren en su totalidad.

Llama la atención que la DGT no destine su superávit presupuestario en aumentar su plantilla de examinadores, pero sí para transferir al Estado 150 millones de euros, (en 2019 llegaron a ser 622,3 millones de euros), proveniente de la recaudación de las multas y de las tasas que los usuarios pagan a la DGT, entre otros conceptos para examinarse. Un dinero que debería destinarse a la Seguridad Vial y no a otros servicios o conceptos.
"Basta con consultar los datos en las diferentes regiones de España, sacados por empresas especialistas y universidades públicas. No entendemos que el Director de Tráfico que conoce bien el sector, mire hacia otro lado en este asunto y no lo solucione, no sabemos si porque no se lo han explicado o porque no quiere hacerlo".
“En ITT creemos que ha llegado el momento de decir 'basta', de solicitar al Ministerio de Interior y la Dirección General de Tráfico e incluso al Ejecutivo en pleno, que solucionen este problema y le den a los ciudadanos el servicio público que merecen y por el que pagan. Un servicio que funcione adecuadamente y no con retrasos. Un servicio moderno, digno del siglo XXI.

Por lo pronto, para solventar el problema más acuciante y urgente que es reducir el colapso actual, reclamamos que se destinen a la DGT para ampliar la plantilla de examinadores o se hagan horas extras, una partida presupuestaria de al menos 2 millones de euros. Sin embargo, entendemos que este sería un parche temporal. Se hace preciso buscar una solución eficaz que arregle la situación definitivamente. “