Los miembros de IRU, entre los que se encuentra Confebus y que representan a más de 3,5 millones de operadores de transporte por carretera de viajeros y mercancías en todo el mundo, han adoptado una nueva posición sobre las restricciones urbanas en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el alcance y el coste de los planes nuevos y existentes.
“La habitabilidad y la sostenibilidad de todas las ciudades depende de que los bienes y las personas puedan moverse dentro, alrededor y fuera de las áreas urbanas”, señala Umberto de Pretto, secretario general de IRU. “Las restricciones a los vehículos urbanos están atrapando a los vehículos profesionales en sus redes, cuando su verdadero objetivo es a menudo restringir el uso del automóvil. Las ciudades deben eximir a los vehículos profesionales de estas reglas”, agregó.Limitar el transporte de mercancías en las ciudades tiene un impacto en las empresas y los residentes locales, además del impacto directo en los servicios de transporte comercial.
Restringir el transporte de pasajeros penaliza el turismo, aumenta la pobreza de LA movilidad y limita los esfuerzos para reducir el uso de Vehículos privados para descarbonizar la movilidad en su conjunto. Sin embargo, los altos costes de restringir los vehículos profesionales en las ciudades traen beneficios limitados en términos de reducción de emisiones de CO2, contaminación, ruido o congestión.“Más del 90% de los vehículos en áreas urbanas son vehículos privados, por lo que las restricciones deben distinguir claramente entre ellos y los vehículos profesionales para ofrecer la mejor solución de coste-beneficio”, agrega Umberto de Pretto.
Sin duda, las ciudades se enfrentan a grandes desafíos en la gestión de la congestión, la contaminación, las emisiones de CO2 y la armonía social al diseñar nuevos espacios urbanos, mejoras de movilidad y funcionalidad económica. Los operadores de transporte por carretera trabajan de manera constructiva con los planificadores de la ciudad, pero a menudo se implementan nuevas reglas sin previo aviso para que los operadores y sus usuarios se adapten, lo que perjudica aún más a las empresas y a las comunidades locales.La nueva posición de IRU exige un período de implementación de diez años para cualquier nueva restricción de acceso de vehículos urbanos para dar tiempo a las redes de movilidad locales y cadenas de suministro para adaptarse. Los operadores de logística y movilidad operan camiones, autobuses y autocares entre ciudades.
Con un mosaico de diferentes regulaciones que se desarrollan rápidamente, las empresas de transporte se enfrentan cada vez más a una compleja red de estándares, incluso entre ciudades del mismo país. Los operadores no pueden permitirse invertir en diferentes tecnologías para cumplir con los diferentes requisitos establecidos por las ciudades, lo que afecta los costes y servicios de transporte.IRU también pide que se desarrollen normas armonizadas a nivel mundial, como mínimo a nivel regional, y trabajará con las autoridades y socios para comenzar este proceso.
