Los vehículos afectados serán los adquiridos por los poderes públicos y entidades de contratación públicas y privadas. La norma tiene por objetivo acercar el parque hacia una composición más eficiente desde el punto de vista energético, y menos contaminante. Srgún datos de la Eurocámara, ensu conjunto se contratan (en estos parámetros) anualmente alrededor de 110.000 turismos, 110.000 vehículos industriales ligeros, 35.000 camiones y 17.000 autobuses. La contratación total de los organismos públicos representa alrededor del 16% del PIB de la Unión Europea.
Para promover coches más eficientes en territorio comunitario, la norma obligará tanto a las autoridades públicas que compren vehículos, incluidos para el transporte público, como a las entidades adjudicadoras y los operadores a adquirir vehículos más ecológicos, teniendo en cuenta no sólo su coste del vehículo, sino también su impacto medioambiental —consumo de carburante y emisiones contaminantes, incluidas las de C02—, así como su tiempo de vida útil.
Flexibilidad de aplicación
A pesar de que se trata de una medida obligatoria, los Estados miembros podrán aplicar la normativa de un modo flexible, al poder elegir distintas opciones para cumplir este requisito, aunque el impacto medioambiental se considerará como uno de los criterios de adjudicación de contratos. Por su parte, los costes operativos del consumo energético, las emisiones de C02 y las emisiones contaminantes deberán cuantificarse en términos económicos de acuerdo con una metodología específica.
Asimismo, los Estados miembros podrán excluir si desean la obligación de adquirir vehículos más ecológicos si están diseñados para usos específicos, incluidos por ejemplo vehículos utilizados en el sector de la construcción, en canteras, puertos, aeropuertos, por los servicios antiincendios y las fuerzas del orden público. También podrán quedar excluidos los vehículos empleados por las Fuerzas Armadas de los Veintisiete y de defensa civil.
