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Los gruistas de auxilio en carretera denuncian que no se cumple la nueva Ley

Los gruistas de auxilio en carretera denuncian que no se cumple la nueva Ley

La agrupación reclama que sólo 1 de cada 4 aseguradoras cumplen la nueva Ley de Transportes en materia de revisión tarifaria

miércoles 21 de septiembre de 2022, 07:00h
Los empresarios de grúas de auxilio, que se encuentran mayoritariamente en pérdidas, decidirán este jueves 22 de septiembre si reactivan movilizaciones y paros en la prestación de sus servicios.

La unidad de asistencia en carretera de la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera está iniciando una segunda ronda de diálogo con compañías de seguros, clubes de automóviles y plataformas de asistencia en viaje en respuesta a las solicitudes de la industria para adecuar sus contratos de asistencia a la legislación existente para que al menos aquellos unidades cumplen con las reglas actuales para aumentar el impacto de los costos de combustible y cubrir los costos y gastos de los servicios de mantenimiento 24/365, que son importantes pero rara vez reconocidos por las compañías de seguros.

Sólo 1 de cada 4 cumplen con la Ley

Las compañías aseguradoras Mapfre, Allianz Seguros, Mutua Madrileña, la plataforma de asistencia en viaje Asitur y el Real Automóvil Club de España (RACE) siguen expresando sus dudas sobre el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/22, de 1 de marzo, sobre repercusión en precios de los incrementos del carburante, y no están cumpliéndolo. Sus representantes así se lo han hecho saber a los miembros de la Alianza en diversas reuniones. Estas entidades que mantienen una cuota del mercado del auxilio y la asistencia en viaje superior al 75% se encuentran alineadas en esta decisión, eludiendo una obligación legal de la que la Alianza dará traslado en las próximas semanas tanto a la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía, como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por si, además, su comportamiento pudiera constituir infracción en dichas materias.

Hasta el momento, solo AXA Compañía de Seguros y Plataforma ARAG han anunciado su intención de implementar la ley entre marzo y finales de septiembre. Entonces, a pesar de esta inconsistencia y la situación de supresión de ganancias con las empresas de transporte de chatarra, el 63% de estas transferencias de chatarra están en números rojos, la aseguradora ya ha informado resultados para la primera mitad de 2022 con una ganancia de € 26,62 mil millones, un aumento del 9,3% respecto al año anterior.

Fracaso si no se toman medidas

La coalición espera que si los costos del combustible no se recuperan de inmediato, las empresas pronto cerrarán y entrarán en bancarrota con una revisión general de las tarifas para que coincidan con la situación económica actual, con muchas congeladas, en muchos casos durante una década. Hace tiempo que está claro que la mayoría de las empresas son incapaces de prestar con regularidad los servicios suficientes para centrarse en la seguridad vial en España, que este verano no ha podido prestar más de 120.000 servicios con la eficacia y rapidez necesarias para estos siniestros viales.

Pendientes de cerrar esta segunda ronda negociadora en la que aun faltan algunas entidades como, por ejemplo, Europe Assistance, Linea Directa Aseguradora y RACC, la misma será evaluada el próximo jueves 22 de septiembre en Sevilla, en la IV edición de la Feria Internacional del rescate, auxilio y emergencias (Fireca), donde está convocada por la Alianza y otras organizaciones a una Asamblea sectorial bajo el lema “EL 22 LAS GRUAS DECIDEN”, donde se tomarán decisiones de cara al próximo mes de octubre que podrían incluir, desde movilizaciones a la suspensión del servicio total o parcial de auxilio y asistencia en viaje en España.

El portavoz de la Alianza, Xavier Martí, reiteró su llamado “a la responsabilidad de aseguradoras e intermediarios, para el estricto cumplimiento de la legalidad vigente y estudio de viabilidad de sus proveedores, que eviten la depauperación de las empresas y una escalada de la conflictividad en el sector”.