Por eso, y coincidiendo con la semana de la pobreza energética, un equipo investigador del Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática de BC3 (Centro Vasco por el Cambio Climático) ha abordado la cuestión a nivel nacional. Y los resultados son sorprendentes. Así lo afirman Eva Alonso-Epelde, Xaquín García-Muros y Mikel González-Eguino, quienes identifican que “la falta de recursos para cubrir los gastos de movilidad puede limitar necesidades básicas, como el acceso a la educación, al trabajo, a la sanidad o a participar de forma plena en la sociedad”. Más del 10% de la población realiza un gasto excesivo en transporte, mientras que medio millón de hogares está en situación de vulnerabilidad severa Los resultados revelan que “para el 10-14% de la población española, el gasto en transporte supone una carga excesiva, y para el 2-4% de la población, unos 500.000 hogares, los recursos destinados a la movilidad los sitúan en un contexto de vulnerabilidad severa”. En este escenario, “los hogares rurales son significativamente más sensibles que los urbanos, ya que tienen mayor necesidad de movilidad y encuentran menos alternativas al transporte privado. Además, la clase media y los hogares cuya persona de referencia es un hombre son más vulnerables a este tipo de pobreza, debido a ser los principales consumidores de bienes y servicios de transporte”. Seguir ampliando el espectro Eva Alonso-Epelde, investigadora de BC3, subraya que estos indicadores son útiles para tener una primera aproximación de cuál es la dimensión de la problemática en España e identificar a los hogares más vulnerables. Sin embargo, explica que “es necesario seguir ampliando esta línea de investigación para reducir las limitaciones de algunos indicadores. Los indicadores que hemos utilizado no tienen en cuenta la brecha de género que existe en los datos y necesitamos incluirla para brindar resultados que reflejen mejor la realidad de las mujeres con respecto a este fenómeno. En este sentido, es crucial desarrollar otras medidas que sean capaces de capturar la ‘pobreza oculta’, es decir, los hogares que infrautilizan o no hacen uso del transporte por no poder pagarlo o porque no se adapta a sus necesidades”, destaca la investigadora. Por su parte, otro de los autores, Xaquín García-Muros, afirma que “el fin último de este estudio es poder identificar a los grupos vulnerables para mejorar el diseño de las políticas institucionales que compensen los costes derivados de la transición y faciliten la adopción de tecnologías limpias y baratas, con el fin de asegurar una transición energética que sea socialmente justa. Por ello, es deseable diseñar e implementar medidas que vayan más dirigidas hacia los colectivos vulnerables al transporte y que protejan a las personas más vulnerables que no dispongan de alternativas al vehículo privado en el corto plazo”.