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Baleares pone en marcha el decreto ley de medidas urgentes de movilidad
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Baleares pone en marcha el decreto ley de medidas urgentes de movilidad

Este decreto ley recoge medidas dirigidas a ofrecer un mayor servicio público en el transporte de viajeros

martes 28 de marzo de 2023, 07:00h

Medidas temporales

Con el fin de garantizar el derecho a la movilidad, este decreto ley incluye medidas encaminadas a prestar un mejor servicio público en el transporte de viajeros, tanto para los locales como para los turistas que visitan las Illes Balears. También incluye peticiones de la industria, como la designación del servicio de taxi como servicio público de interés general. Las medidas temporales que son aplicables durante los meses pico de verano incluyen contratos de asientos para pasajeros de autobús en transporte público discrecional.

Confebus informa

El Decreto Ley, por un lado, habilita los contratos por asiento para el transporte flexible de viajeros en autobús desde y hacia los puertos y aeropuertos de las Illes Balears. El transporte discrecional en autobús con origen o destino en los aeropuertos de las Islas Baleares o en los puertos de La Savina, Ibiza, Ciutadella, Maó, Alcdia o Palma se puede contratar por plaza y con pago individual por asiento. La contratación debe realizarse con al menos 24 horas de antelación, y nunca se permite que el servicio discrecional utilice paradas destinadas a líneas regulares de autobús. Excepcionalmente, el Ministro de Movilidad y Vivienda podrá aprobar la contratación por lugar en el caso de eventos con una afluencia importante de espectadores en los que la demanda no pueda ser atendida adecuadamente por los servicios regulares existentes, entre otras situaciones. Este servicio solo podrá aplicarse en el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2023, prorrogable por las mismas fechas en 2024.

Además, se encuentra disponible un proceso especial para otorgar licencias temporales de autotaxi. Excepcionalmente, los municipios podrán, para el año 2023, expedir licencias temporales de autotaxi sin obtener previamente la aprobación del plan regulador según lo previsto en el artículo 53.4 de la Ley 4/2014. Debido a los tiempos de procesamiento más cortos, los municipios podrán responder mejor a los aumentos de la demanda. Estas licencias temporales podrán expedirse mediante acto administrativo racional que establezca su adjudicación, los plazos para la prestación del servicio, el número mínimo y máximo, las condiciones a las que deberán sujetarse, los derechos y obligaciones, el canon, las expectativas de revocación, la duración de la licencia y las demás condiciones que estimen convenientes o necesarias.

El Decreto establece una serie de requisitos para los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que deseen prestar servicios urbanos. Requerirán permiso del municipio donde está registrado el automóvil. Para obtener una licencia municipal, las nuevas VTC deberán presentar una solicitud y pasar por el proceso competitivo necesario.

El servicio de taxi reconoce la exigencia de un servicio de interés público. Se considera un componente crucial de los servicios de movilidad pública como una forma de garantizar un nivel de servicio suficiente y uniformemente alto para todos los ciudadanos. Y se establece que, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Decreto Ley, el Gobierno establecerá, con el acuerdo de los Ayuntamientos, las condiciones de un régimen unificado especial para la recogida de pasajeros en la isla de Mallorca para taxis. una única solución tecnológica y una estructura tarifaria uniforme que conforman un único régimen.

Desde Confebus informan que "el Decreto Ley incluye la distribución de la ayuda estatal para el establecimiento del descuento del 100% en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre de las Islas Baleares. Los presupuestos generales del Estado para el año 2023 contemplan un importe de 43 millones de euros, que el Gobierno distribuye entre las diferentes administraciones o empresas gestoras de transporte terrestre colectivo de las Illes Balears, de la siguiente forma: 18.785.756€ para la EMT; 8.619.248€ para el Consorcio de Transportes de Mallorca; 6.046.935€ para Servicios Ferroviarios de Mallorca; 5.602.059€ para el Consell Insular de Eivissa; 3.516.811€ para el Consell Insular de Menorca; y 429.191€ para el Consell Insular de Formentera".