En un evento organizado por el ICAM, varios juristas profesionales tuvieron la oportunidad de comentar sus impresiones sobre este nuevo proyecto de ley
En un evento organizado por las Secciones de derecho administrativo y de derecho marítimo y transportes del ICAM, varios profesionales del sector jurídico tuvieron la oportunidad de debatir sobre las fortalezas y virtudes del proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible. Este encuentro, desarrollado el pasado 23 de marzo en la sede del Colegio de abogados de Madrid, contó con dos mesas redondas en las que se abordó esta reforma desde diferentes perspectivas, y en la primera de ellas se llevó a cabo un enfoque principalmente jurídico del texto.
Esta arrancó con la intervención de Alberto Dorrego de Carlos, presidente de la sección de derecho administrativo del ICAM, que ejerció de moderador pero a su vez se encargó de introducir el tema: "Esta es una ley largamente esperada, y como todos los grandes textos normativos tiene sus luces y sombras. Contiene avances importantes en algunas materias: está escrita con mucha finura, contiene conceptos novedosos, da un sentido más amplio a la movilidad, tiene la ambición de construir un sistema nacional de movilidad, y da una solución a la enorme dificultad competencial que hay en esta materia".
Alberto Dorrego consideró la ley falta de ambición
"Con todo, a la ley le falta algo de ambición en algunos aspectos" prosiguió. "Por ejemplo, no ha querido sustituir a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, generando una duplicidad normativa en algunas materias; y existen materias en las que no ha entrado con todo el cuidado necesario como son las modificaciones al modelo concesional. Además, la ley no entra a hacer unas modificaciones enormemente necesarias en el sistema de adjudicaciones, que es una de las causas de que haya tantos retrasos. Y creo que hay una serie de sectores que en una Ley de Movilidad se deberían abordar con más determinación, como las nuevas formas de movilidad".
El ciudadano en el centro
A continuación le llegó el turno a Irene Bonet Tous, abogada del Estado y una de las encargadas de la redacción de la ley. En su intervención destacó que uno de los objetivos primordiales de la ley era regular un nuevo concepto de movilidad, considerándolo un concepto al margen del transporte y situando en el centro al ciudadano y sus necesidades. Para ello, la ley ha creado el derecho a la movilidad, siempre relacionado con los conceptos de sostenibilidad y desarrollo económico.
Además, cuestionó que la ley fuera calificada de poco ambiciosa: "No pretende sustituir ninguna de las leyes sectoriales existentes, sino que trata de situar el foco en el ciudadano y ver cuáles son las herramientas que nos dan las normas actuales, creando un sistema que permita aprovechar las ventajas de todas ellas y coordinarlas. Por eso, la ley puede no parecer ambiciosa desde cierto punto de vista, porque en realidad no aspira a arreglar los problemas que plantea cada uno de los sectores sino vincularlos al sistema nacional de movilidad que se pretende crear".
Por último, cerró comentando una de las novedades más importantes de la ley, que es la creación de un espacio controlado de prueba de ideas que aporten novedades en materia de movilidad y para las que no exista un espacio legal. De esta manera, se busca anticiparse a futuros avances del Sector, evitando que estas novedades se materialicen sin que la ley haya llegado a ellas como ha ocurrido con sistemas como las VTC.
Aspectos a mejorar
El segundo ponente fue Juan Gaitán, miembro del Comité asesor de la sección de derecho marítimo y transporte del ICAM, que centró su intervención en reclamar una mayor seguridad jurídica para las concesiones actuales mientras se desarrolla el nuevo mapa concesional, tanto de cara a los operadores como para las administraciones. Para ello, considera que eran necesarias modificaciones de ciertos artículos de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, como el sistema de revisión de precios o la modificación de las concesiones, así como plantearse temas como el límite de la cadena de subcontratación.
Fernando Cascales Moreno, abogado y académico, fue el encargado de concluir esta mesa redonda, y aunque valoró la valentía de la ley y sus numerosos aciertos, quiso incidir también en determinados aspectos: "Se ha perdido una oportunidad histórica. Se debería haber procurado que se pudiera crear un mapa concesional en red, es decir, que todas las concesiones del Estado se conecten con las de las Comunidades Autónomas y las de las Comunidades Autónomas entre sí. Esto sería lo mejor para el usuario y para optimizar los servicios".
Su mayor preocupación, no obstante, tiene que ver con la eliminación del requisito de exclusividad en la prestación de servicios: "Por seguridad jurídica, la Ley de Movilidad Sostenible debería contener aquellos parámetros objetivos que hagan que el Consejo de Ministros pueda autorizar que hay dos servicios en lugar de uno. Este tipo de preceptos crean una inseguridad jurídica que va a tener una gran incidencia en las empresas" concluyó.
