Sin embargo, el presidente de la Federación, Lorenzo Amor, afirma que aunque esta nueva línea supone "un gran paso para acabar con la morosidad de los ayuntamientos con los trabajadores por cuenta propia, exigimos celeridad en su puesta en marcha y un mejor desarrollo que otras líneas del ICO como la de Liquidez que, como ha admitido el propio presidente del ICO, no está funcionando correctamente".
"También hubiera sido bueno -continúa Amor- que la línea hubiera sido más generosa, dado que la morosidad real que mantienen los ayuntamientos con los autónomos y las microempresas está en torno a 12.000 millones de euros, por lo que la línea sólo permitirá cubrir una cuarta parte de esta deuda. Además, queda por solucionar la morosidad que mantienen las Comunidades Autónomas, cantidad que podría alcanzar los siete mil millones de euros".
Cumplimiento de la Ley de Morosidad
Por todo lo expuesto, ATA considera que ésta es una medida "acertada, pero que no deja de ser puntual". "El verdadero objetivo que se tiene que fijar el Gobierno -concluye Amor- es avanzar hacia el cumplimiento de la Ley de Morosidad, de manera que tanto el sector público como el privado paguen sus facturas en un plazo no superior a 60 días. Y mucho mejor sería que la UE apruebe la reforma ya planteada por el Comisario de Industria y Empresas, Günter Verheugen, de la Directiva sobre Morosidad del 2000. Su objetivo es fijar un plazo máximo de 30 días para pagar, imponer un recargo del 5% sobre la cantidad adeudada desde el primer día de retraso en el pago - al margen de la obligación de pagar intereses de mora – y exigir el reembolso de los costes del cobro".
Desde ATA recordaron que, según Bruselas, la morosidad es la causa del cierre de una de cada cuatro microempresas en Europa y de la pérdida de 450.000 empleos cada año.
