En el epígrafe correspondiente a las medidas de competencia exclusiva del Estado enumera las siguientes:
- La actividad discrecional y turística contribuye de manera decisiva al desarrollo de otras actividades económicas, especialmente el turismo. A tal fin se debería elaborar un programa específico de fortalecimiento de su tejido empresarial, que contemple los aspectos relacionados con la concentración, fiscalidad, costes y calidad en la prestación de los servicios.
- Los servicios regulares de uso especial, de escolares y trabajadores, precisan de la suficiente estabilidad para mantener sus niveles de calidad y afrontar ciclos periódicos de renovación de flota. Para ello, requieren un Plan de medidas urgentes, que contemple, entre otras, la elaboración de un protocolo para la contratación en el que prime la calidad y la seguridad sobre el precio, la contratación plurianual mínima, un régimen tarifario específico y mecanismos de incentivación y apoyo a la renovación del parque, en todas y cada una de las autonomías.
- Una gestión administrativa que permita, respecto de los servicios regulares permanentes de uso general, la adecuación de la oferta a la demanda, lo que implica la autorización, con la debida agilidad, de reajustes de expediciones y horarios, eliminando las expediciones cuyo grado de ocupación lo aconseje.
- Reducción de los actuales plazos de tramitación de toda clase de solicitudes ante la Dirección General de Transportes por Carretera.
- Establecimiento de las modificaciones normativas que sean necesarias para la implantación en los servicios regulares permanentes de uso general de un régimen tarifario más flexible (tarifas valle, llano y punta), como rige en los demás modos de transporte.
- Derogación, con carácter urgente, del apartado 2 del artículo 77 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), en su nueva redacción dada por el RD 1225/2006, porque el concesionario no puede instar de la Administración modificación alguna de las condiciones de explotación sino hasta que hayan transcurrido tres años desde la formalización inicial del contrato, o dos desde su ultima modificación, ni cuando falte un periodo inferior a dos años para la terminación del plazo concesional.
- Nueva regulación del apartado 1 del artículo 87 del ROTT, de modo que la revisión tarifaria anual, en lugar de tener lugar durante el segundo semestre de cada año, haya de formalizarse dentro del primer trimestre.
- Reconocimiento generalizado de las pertinentes compensaciones económicas respecto de la introducción por la Administración de nuevas obligaciones de servicio público (descuentos familias numerosas, obligaciones para las personas con movilidad reducida, etc.) no contempladas en los títulos concesionales, tal y como así es preceptivo conforme a la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, artículo 20 LOTT y artículo 28.1 del ROTT.
Suprimir el artículo 21 de la Ley Ómnibus
Asintra reclama al Estado la retirada del artículo 21 del proyecto de Ley Ómnibus, de trasposición parcial de la Directiva de servicios 2006/123, que modifica determinados preceptos de la LOTT, en base a los siguientes fundamentos:
- La Directiva 2006/123 excluye de su ámbito de aplicación al sector del transporte, no siendo en consecuencia este proyecto de Ley el marco jurídico adecuado para reformar la LOTT.
- La reforma que se plantea, especialmente con referencia al apartado 1 del artículo 19 de la LOTT, deroga el justo principio, de aplicación a todo contrato público, de que las tarifas "deberán cubrir la totalidad de los costes reales en condiciones normales de productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial y una correcta prestación del servicio o realización de la actividad, no dejando de retribuir, en su caso, las prestaciones complementarias".
Y, finalmente, y para cerrar el apartado de propuestas que la Federación dirige al Estado, figuran:
- La consecución de una línea de ayudas para la renovación de la flota del Sector, tanto de servicios regulares como discrecionales, que facilite su adaptación a las personas de movilidad reducida, medida que se estima imprescindible para el cumplimiento de lo previsto en el proyecto de Reglamento UE sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar, y que además beneficiaría a la industria de fabricación de vehículos, así como a la del sector carrocero, que en la actualidad padecen una grave crisis económica.
- Elaboración conjunta por las Secretarias de Estado de Infraestructuras y de Transportes, en coordinación con las CCAA y Corporaciones locales, de un Plan de establecimiento de carriles-bus, plataformas reservadas, estaciones de autobuses, terminales de autobuses en las estaciones y los aeropuertos, así como áreas de aparcamiento gratuitas alrededor de las estaciones para el transporte de personas, que cuente con la debida financiación presupuestaria.
