Los fabricantes que no respeten los límites tendrán que hacer frente a multas de hasta 120 euros por vehículo, según el primer borrador del texto que se está manejando. El Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar la propuesta el mes que viene, en un nuevo paso hacia el objetivo de reducir un 20% de las emisiones en 2020.
La UE ya cuenta con una normativa similar para turismos nuevos que obliga a los fabricantes a reducir las emisiones de CO2 a 130 gramos en 2015 y a 95 gramos en 2020. La industria automovilística ha expresado su inquietud por el coste que esta medida tendría para los fabricantes, a pesar de que Bruselas ya ha rebajado el nivel de ambición de su plan inicial —en el que contemplaba que el recorte tuviese que realizarse un año antes—.
Para los vehículos comerciales ligeros, la CE sugiere también un objetivo de reducción a largo plazo de 135 gramos por kilómetro en 2020 que no parece contar con muchas posibilidades de salir adelante a juzgar por la fuerte oposición de la industria, citan las mismas fuentes. De hecho, el documento podría ser modificado en los próximos días, antes de su presentación, ya que los fabricantes insisten en que incluya una fase de adaptación inicial y se suavicen las exigencias para 2020.
Respuesta de los implicados
Consultada la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), la organización recalca que no parece el mejor momento para poner en marcha esta medida, en vista del contexto actual de crisis económica y las grandes pérdidas que ha sufrido el sector, añadiendo que dicha medida podría suponer un incremento de entre 2.500 y 6.000 euros por vehículo, lo que repercutiría en el precio final de cada unidad en un 10%.
"Bruselas debería realizar una correcta evaluación de impacto y no limitarse a copiar y pegar el mismo tipo de legislación adoptada para los turismos", indicó en declaraciones a Efe la directora de comunicación de la ACEA, Sigrid de Vries.
Las organizaciones medioambientales, por el contrario, estiman que la industria del motor ha demostrado no tener ningún problema para progresar en la buen dirección en el caso de los turismos y aseguran que podrán hacer lo mismo con las furgonetas y vehículos comerciales. Además, piden a la CE que no permita que la presión de la industria convierta la propuesta en una medida débil, como ocurrió con el reglamento para turismos en el que se incluyó a última hora un periodo de adaptación de tres años (de 2012 a 2015).
