Las emisiones de gases de efecto invernadero son la principal causa del cambio climático. Las procedentes del sector del transporte ya alcanzan una cuarta parte del total de las emisiones españolas y han crecido casi el doble (89%) desde 1990.
"Seguir moviéndonos de la forma en que lo hacemos simplemente no es una opción. Si el gobierno quiere crear empleo de calidad en España, debe apostar por la movilidad sostenible, en lugar de seguir invirtiendo en grandes infraestructuras para el transporte. A paridad de recorrido de un viaje, el transporte público genera el doble de puestos de trabajo que la movilidad privada", ha afirmado Sara Pizzinato, responsable de la campaña Transporte de Greenpeace.
A menos de 100 días de la Cumbre de Copenhague, donde se decidirá el futuro del Protocolo de Kioto, hay que recordar que, si los gobiernos acuerdan la disminución necesaria de emisiones de CO2 para salvar el clima, el transporte deberá enfrentarse a unas reducciones muy superiores a las actualmente planteadas (el 10% para 2020 sobre los niveles de 2005).
Greenpeace recuerda que la navegación y la aviación internacionales todavía no han sido introducidas en el Protocolo de Kioto y pide que se solucione en las negociaciones de Copenhague. Sólo en España, si estas emisiones ya hubieran estado incluidas, las emisiones del transporte habrían aumentado un 93%, debido a que la aviación internacional casi ha triplicado sus emisiones (+192%) entre 1990 y 2006 y a que la navegación lo ha hecho un 128% en el mismo periodo.
Según la organización ecologista, durante las últimas décadas el Gobierno español ha apostado por los modos más contaminantes de transporte de mercancías y pasajeros: el transporte rodado y la aviación. Esto ha provocado que el 42,7% del gasto energético español provenga de este sector en constante crecimiento.
Gasto
España gastó en 2008 más de 28.000 millones de euros en importación de crudo. El 43% de todos los productos petrolíferos se destinaron a la automoción. Greenpeace defiende que si se introdujeran medidas para reducir la dependencia de la economía española de los medios más contaminantes en favor del transporte público, los medios no motorizados y el ferrocarril, además de favorecer a los vehículos más eficientes, se reduciría de forma importante su gasto energético.
Para que ello ocurra los primeros pasos a dar, según la organización, son la introducción de una Ley de Fiscalidad Ambiental en la Ley de Economía Sostenible que asegure un reparto de la presión fiscal en el transporte que penalice las actividades más contaminantes, así como se ha propuesto en la Proposición de Ley de Fiscalidad Ambiental presentada al congreso por Greenpeace junto con Ecologistas en Acción, CCOO, WWF-España y IU-ICV el pasado mes de julio.
