El Gobierno gallego prevé ahorrar 110 millones en 10 años con el nuevo modelo de transporte escolar 40 millones durante la presente legislatura, según explicó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dinero que se destinará a gasto social. A juicio del Gobierno, el ‘acuerdo’ permitirá a las empresas de transporte una mayor estabilidad, al tener la garantía y la seguridad de que sus contratos contarán con una vigencia mínima de diez años, lo que permitiría asegurar 5.000 puestos de trabajo en el Sector. "Buscamos un equilibrio entre la estabilidad de los trabajadores y que las empresas se solidaricen con la situación de crisis que vive Galicia", afirmó Núñez Feijóo. Sin embargo, tal y como publicamos en la última edición de NEXOBÚS.com, varias empresas gallegas de transporte manifestaron que consideraban excesiva la rebaja en la facturación pretendida por la Xunta, ya que haría que el transporte escolar se vuelva "inviable", pese a que su presidente asegura que el anteproyecto fue "pactado" con el Sector.
Además del tema de la rebaja, la ley incluye un plan de modernización de las concesiones de transporte público con el que se introducen actuaciones respecto a las flotas de vehículos y a la ‘flexibilización’ en la explotación, el sistema de tarifas o en materia sociolaboral. Así, los concesionarios de este tipo de transporte deberán presentar a la administración un cronograma de implantación de las actuaciones previstas en el plan de modernización, "adaptado" plenamente a él, y en el que se "concreten" tanto la metodología como las fases temporales previstas para la implantación de las "singulares" actuaciones de cada empresa. No presentar dicho programa o su incumplimiento se tipificará como "infracción muy grave" de la normativa de transportes, dando lugar a sanciones que esta norma establece para este "incumplimiento", incluida --si es el caso-- la "caducidad" de la concesión.
Objetivos
En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico explicó que el objetivo de la nueva normativa --que se remitirá al Parlamento para su tramitación-- es "garantizar" la movilidad de los ciudadanos y la "adecuada ordenación" del territorio a través de un sistema de transporte "eficaz y eficiente".
El Gobierno gallego articula esta ley para "adaptar" el sector económico del transporte por carretera a las "importantes novedades" que presentará, a corto plazo, la ordenación jurídica de la materia con la próxima introducción de modificaciones normativas procedentes del ámbito estatal y comunitario.
Así, la ley incluye un plan de modernización de las concesiones de transporte público con el que se introducen actuaciones respecto a las flotas de vehículos y a la "flexibilización" en la explotación, el sistema de tarifas o en materia sociolaboral.
