El presidente del Comité ha puesto en conocimiento del consejero de Transportes de Madrid, José Ignacio Echeverría, esta iniciativa y le ha pedido apoyo para llevarla a cabo. El Comité Madrileño de Transportes por Carretera se reunió el pasado día 5 de febrero con el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echeverría.
El portavoz del Comité, José Luis Pertierra, anunció al consejero que todas las asociaciones trabajarán en la elaboración de un documento sobre la problemática y posibles soluciones de los distintos subsectores del transporte. El Comité presentará el trabajo a los responsables de Transportes de Madrid en una cumbre que se celebrará el último trimestre de este año, probablemente en noviembre. Durante la reunión con Echeverría, Pertierra solicitó al consejero apoyo institucional, político y económico para la organización de este evento.
El presidente del Comité destacó durante su intervención el protagonismo que debe tener este organismo como "entidad corporativa de base privada" reconocida en el artículo 9 de la Ley de Movilidad de Madrid de 20 de octubre de 2009. Esta norma, continuó, reconoce la obligación de la Administración de promover la colaboración entre empresas de transporte "incentivando fórmulas de cooperación e integración entre ellas que les haga más competitivas y eficientes".
Discrecional y regular
La problemática del transporte público de viajeros en autocar se dividió entre el sector del discrecional, cuyos representantes solicitaron ayudas para la concentración y equilibrio entre la oferta y la demanda, así como para que la Administración se implique más en el desarrollo del Plan Plata II. Además, explicaron las dificultades que tienen con la competencia desleal, los cambios en la normativa y la formación de los conductores.
El sector regular demandó la promoción del transporte público; infraestructuras propias para la carretera; metrobuses con financiación público-privada; normativa y control de los atemperadores de tráfico; y una reducción de las cargas administrativas, revisión tarifaria y coordinación entre comunidades autónomas. Por su parte, el transporte urbano reclamó una ley de financiación propia, carriles bus en las ciudades, prioridad semafórica y una diferenciación entre el transporte urbano y el interurbano.
