El Ejecutivo comunitario quiere asegurarse de que los combustibles de esta gama empleados en la Unión (incluidos los importados) son producidos, transportados y comercializados de una manera sostenible de acuerdo con las exigencias ambientales europeas. Así, los agricultores tendrán que probar que antes de enero de 2008 las tierras ya eran plantaciones destinadas a este mismo fin y respetar normas europeas como las que regulan el uso de fertilizantes. No sólo se tendrá en cuenta la producción sino también el medio de transporte utilizado para trasladar el producto.
Una vez se disponga de los datos de todo el proceso, se realizará un cómputo final y se calculará el ahorro de dióxido de carbono (CO2) que supone ese biocombustible con respecto a carburantes tradicionales como la gasolina y el diésel. Todos aquellos biocombustibles que no logren un ahorro de al menos un 35%no podrán recibir el certificado comunitario.
El sello europeo tendrá una validez de cinco años, pero la Comisión recalca que el certificado podrá ser cancelado en cualquier momento. La concesión de los certificados dependerá de la CE y de un grupo formado por un experto de cada país de la UE. El nuevo sistema, que previsiblemente estará en vigor el próximo mes de diciembre, tiene un carácter "voluntario", aunque implica sanciones indirectas para la industria energética y los países que no participen. Las empresas que no puedan certificar la sostenibilidad de sus biocombustibles tampoco podrán optar a recibir subvenciones y los Estados miembros que empleen carburantes de este tipo sin el sello comunitario no podrán tenerlos en cuenta en su objetivo nacional de renovables.
