El conocido como conflicto tarifario, tiene su origen en la década de los 90, cuando comenzaron a dictarse resoluciones judiciales anulando liquidaciones de tarifas portuarias por estar fijado su importe por normas sin rango legal.
El conflicto tarifario siguió su curso hasta que en el año 2009, el Tribunal Constitucional declaró que ciertas modificaciones realizadas por el parlamento -para permitir el cobro de las tarifas- eran inconstitucionales.
La consecuencia directa de esta sentencia del Tribunal Constitucional es que los puertos españoles tienen que devolver a las empresas consignatarias un total de 400 millones de euros, de los cuales a la Autoridad Portuaria de Santander le corresponden 14,2 millones, lo que supone un 3,5% del total.
Las respectivas Autoridades Portuarias tienen ahora que hacer provisión de estas cantidades en sus cuentas por motivos contables, aunque será el Estado quien asuma estas devoluciones a través del fondo de contingencia.
