La 28ª Semana de la Carretera ha partido de una visión de la situación a escala europea, estatal y autonómica. De este modo, ha sido posible identificar los muchos retos a los que nos enfrentamos en la actual situación de crisis económica y financiera. En este sentido, la presencia en Santiago de Compostela de Zoltan Kasatzay, director general Adjunto de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea, ha sido fundamental ya que no sólo conoce a fondo la política comunitaria, sino que es un destacado experto internacional en materia de transportes.
Las opciones de financiación y el modelo público-privado desarrollado en nuestro país, así como el hecho de que España sea la cuna de la mayor parte de los grandes gestores de infraestructuras del mundo, han sido cuestiones centrales a la hora de analizar cómo dar respuesta a las necesidades de inversión existentes.
Por otro lado, este Congreso ha analizado importantes cuestiones como la complejidad del sistema de transporte y su capacidad para satisfacer las necesidades de una demanda derivada, sujeta a una fuerte evolución económica y social. Fenómenos como la globalización, la preocupación por el cambio climático, las líneas low cost o los sistemas de navegación por satélite GPS y Galileo están transformando los flujos comerciales, de información y turísticos, y con ello la formulación misma de la demanda de movilidad y de transporte de mercancías.
A modo de conclusiones, la AEC ha mencionado una serie de aspectos clave tratados en a lo largo del Congreso, detallados a continuación.
En nuestra sociedad el modo de transporte básico es la carretera y continuará siéndolo por lo menos en el futuro inmediato. Todos los modos motorizados dependen en última instancia de la carretera, con la que tienen que asociarse en cadenas multimodales que exigen transbordos que acaban penalizando el transporte. El éxito de la carretera en el ámbito del transporte a corta y media distancia es obvio y sólo está restringido por la incapacidad de las infraestructuras de responder a una demanda creciente, de manera que se crea congestión. Por otra parte existe una notable dificultad, por diversas razones, en presentarse como un modo de transporte "limpio".
Carretera negativa por defecto
Por tanto, es inaceptable el mensaje maniqueo que se transmite desde muchos órganos de las distintas administraciones, según el cual el ferrocarril es positivo y el transporte por carretera es negativo per se, sobre todo si observamos los planes de futuro y la continua reducción de los impactos ambientales que se producen en el sector viario, con nuevas técnicas de motorización muy poco contaminantes, así como la esperada disminución de la saturación de las vías gracias a sistemas de guiado automático y a otras tecnologías vinculadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Así las cosas, ha quedado de manifiesto que la modernización de la red de carreteras española ha desempeñado un papel clave en el desarrollo social y económico del país, dejando patente que el gasto en infraestructuras es el que tiene mayor impacto en el crecimiento.
La amenaza de la situación actual, generada por las decisiones del sector público español de recortar la inversión y el gasto de conservación en carreteras, pone en grave riesgo un sector construido con dificultad durante muchos años y que posee un alto nivel tecnológico en todos los campos (planificación, diseño, construcción, conservación y gestión). Con todo ello, los delegados de la 28ª Semana de la Carretera han concluido que el sector público debería adoptar políticas de continuidad que permitan mantener una mínima estabilidad de la contratación, un factor esencial para el sostenimiento de la competitividad de las empresas españolas del sector. En línea con lo propuesto por el Gobierno, la colaboración público-privada puede ser un elemento esencial para remontar la actual crisis de inversión. Sin embargo, para atraer al capital privado es imprescindible actuar rápidamente sobre ciertos factores técnicos así como clarificar y racionalizar los criterios de la acción pública que afectan a los contratos de colaboración.
