Según ha informado Fenebús, si bien algunos objetivos generales como la reducción de la dependencia del carbono, la reducción de emisiones y la introducción de nuevas tecnologías tuvieron un apoyo generalizado, hubo notables divergencias sobre el tema de la financiación.
Suecia dio prioridad a "la necesidad de un sistema de transportes unificado basado sobre un mercado único", abogando por "la eliminación de obstáculos administrativos". Italia insistió sobre el refuerzo de las infraestructuras portuarias y sobre una ayuda europea para relanzar la economía. Portugal y Francia: desarrollo de vehículos eléctricos. Eslovenia y Francia solicitaron la investigación de soluciones que favorezcan la movilidad urbana. Polonia, Lituania y República Checa otorgaron una importancia particular al desarrollo armonizado de las infraestructuras proponiendo una financiación mediante fondos europeos (cohesión, red transeuropea RET-T o fondos de desarrollo regional) adaptada a este objetivo. Estonia insistió sobre la apertura a la competencia en el mercado de carreteras así como por el establecimiento del mercado único marítimo. Alemania promulgó "el equilibrio entre ecología, economía y el interés social", a la vez que se oponía a un "marco financiero europeo" para el sector europeo. Francia y España insistieron sobre la investigación "de una arquitectura de financiación inteligente" mientras que Reino Unido abogó por la reducción de gastos con limitado valor añadido: "los esfuerzos nacionales no deberían estar restringidos por un marco europeo demasiado estricto, que, al contrario, debería servir para ayudar a los estados miembros a relanzar el crecimiento y la competitividad".
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