En este contexto, la asociación ha remitido una carta a Ángel Fernández Díez, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, que reproducimos a continuación:
"Al margen del problema derivado de la quita, que esta Asociación rechaza por arbitraria e injusta, al parecer aún no sabemos si el Real Decreto Ley 4/2012 por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, alcanza a la liquidación de la deuda contraída por los distintos municipios con los operadores responsables de la gestión del transporte urbano colectivo.
De no ser así, su exclusión además de injusta, podría afectar a un servicio que es esencial para el funcionamiento de nuestras ciudades, motivo por el cual rogamos tu intervención para subsanar esta deficiencia que, en opinión de esta Asociación, supone una discriminación difícil de entender y, en todo caso, perjudicial para el normal funcionamiento de nuestras ciudades. Así, sugerimos que desde la FEMP se formule una consulta formal al Ministerio de Hacienda con el objeto de que se fije una posición común y oficial a este respecto que pueda aplicarse en todos los municipios y alcance a la liquidación de la deuda del transporte urbano colectivo, cualquiera que sea el tipo de contrato establecido, subvención o factura".
