La deuda de los Ayuntamientos con el transporte asciende a 800 millones de euros. Estas deudas son consecuencia del incumplimiento de pago de los Ayuntamientos por la parte que les corresponde del coste del servicio de transporte urbano, que en la mayoría de los casos no está cubierto totalmente por las tarifas al usuario, que son fijadas por los propios Ayuntamientos. Todas las condiciones de la prestación de estos servicios están recogidas en los correspondientes pliegos de concesión.
Las empresas han presentado en tiempo y forma a los Ayuntamientos las facturas correspondientes a la prestación del servicio o el documento equivalente, por lo que entendemos que el sector está incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 4/2012.
El sector de transporte de viajeros por carretera, conformado principalmente por Pymes, sólo por este concepto acumula una deuda cercana a los 800 millones de euros, lo que las está situando en una posición insostenible.
Desde Asintra confían en que "la buena voluntad del Gobierno pueda subsanar esta situación".
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