El objetivo es, según explican desde Moncloa, servir de estímulo para que tanto las Comunidades Autónomas como las Corporaciones Locales emprendan actuaciones similares. Para ello, se ha iniciado un proceso de reorganización del sector público empresarial y fundacional, bajo los principios constitucionales de la eficiencia, la economía y la estabilidad presupuestaria.
Por lo que se refiere a la actividad del transporte, se verán afectadas un total de 11 empresas, entre las que se encuentran Comfersa y la Fundación Transporte y Formación, que nació hace cuatro años con la finalidad de realizar, promover y proponer todo tipo de actuaciones dirigidas a mejorar la formación, la imagen y la cultura del Sector del transporte por carretera. Entre sus funciones se encuentra la definición de las necesidades de formación del Sector, estudiar las diferentes ayudas públicas para acciones formativas, elaborar criterios para coordinar los distintos organismos dedicados a la formación, promover la elaboración de material didáctico, proponer criterios sobre la cualificación de los formadores y de los centros de formación y actuar como coordinadora y catalizadora en materia de formación.
