Las asociaciones de transportistas han rechazado el encaje legal utilizado por el Gobierno para modificar el régimen fiscal de módulos, al incluirse en una Ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, lo que implica considerar al conjunto del colectivo de transportistas como presuntos defraudadores, lo que se considera "una humillación y un descrédito para el sector", según han informado desde Fenadismer.
Las organizaciones de transportistas consideran adecuado que se persiga el fraude fiscal, para lo que la Agencia Tributaria ya dispone de instrumentos para controlar posibles actuaciones fraudulentas. Pero ello no puede servir de excusa para expulsar a todo un colectivo profesional, como el transporte, del régimen de módulos, especialmente en la actual coyuntura económica, ya que supondría "un golpe mortal".
Además, según argumentan desde Fenadismer, la propuesta de nueva regulación de exclusión del régimen de módulos establece importantes discriminaciones para el sector del transporte frente a los otros sectores afectados por dicha regulación. Así, a diferencia de los empresarios autónomos de dichos sectores de la construcción, en los que la materia prima necesaria para desarrollar su actividad tiene un coste muy bajo, por lo que en la práctica les permitirá a muchos de ellos permanecer en el régimen de módulos, por el contrario en el caso del transporte de mercancías todos los empresarios autónomos se verán obligados a abandonar dicho régimen por cuanto ya sólo el coste anual que soportan por el precio actual del gasóleo supera los 50.000 euros, lo que hace imposible en la práctica que ningún transportista pueda continuar acogido a dicho régimen dado que su facturación anual supera dicha cantidad, aunque en la actualidad no obtengan apenas un beneficio empresarial.
