Los asistentes coincidieron en el análisis de que la grave crisis por la que atraviesa el Sector no es comparable a la de otros dadas sus características estructurales, toda vez que ante el denominador común del descenso de la actividad en todos los sectores, al transporte se suma el fuerte incremento del precio del carburante, en máximos históricos en las últimas fechas, pues el incremento del combustible ha sido del 8,6% anual, del 23,65% bienal y del 56,60% trienal, lo que ha contribuido a la ruptura del equilibrio del mercado del transporte, acentuándose la debilidad del transportista frente a los grandes flotistas, los operadores de transporte y los cargadores.
Medidas a adoptar
Durante encuentro se enfatizó en la importancia de reforzar el papel de las asociaciones de transportistas y corregir el déficit democrático que supone la actual atribución de representatividad en el Comité Nacional del Transporte por Carretera mediante parámetros que representen fielmente la estructura empresarial real del sector. Con el fin de obtener un mayor equilibrio entre los intervinientes de la cadena de transporte se hace necesario que el gobierno de España adopte una serie de medidas:
1.- Establecimiento con carácter obligatorio del plazo máximo de pago de los portes en 30 días desde su realización, previsto en el art. 41 de la Ley del Contrato de Transporte Terrestre, debiendo preverse un precepto sancionador a fin de hacer eficaz dicho plazo al igual que ha sucedido en otros países de nuestro entorno como Francia.
2.- La aplicación con carácter obligatorio de la cláusula de revisión del coste del combustible establecida en el art. 38 de la Ley del Contrato de Transporte Terrestre, reflejada de forma separada en la factura, debiendo sancionarse su incumplimiento.
3.- Establecer una reordenación del sector con medidas excepcionales encaminadas a equilibrar la oferta y la demanda, conforme a lo ya previsto en el art. 13 de la LOTT, y endurecer las condiciones de acceso al mercado del transporte, con oposición a la liberalización del transporte público de mercancías de hasta 3,5 Tn. MMA, y el fomento del abandono de la actividad de los transportistas autónomos de avanzada edad, suprimiendo el carácter de concurrencia competitiva de las ayudas con el fin de que se puedan acoger todos los transportistas que cumplan los requisitos. Además, posibilitar una regulación de la cadena de transporte estableciéndose la responsabilidad subsidiaria del cargador principal en el pago del transporte al porteador efectivo, y la limitación en la cadena de subcontratación.
4.- Mantenimiento del sistema de tributación por módulos (estimación objetiva del IRPF y régimen simplificado de IVA) al sector del transporte de mercancías por carretera y de mudanzas, por suponer su pretendida supresión un enorme perjuicio económico para los autónomos del sector, que contribuya a una mayor economía sumergida y competencia desleal en el sector.
Todas las organizaciones participantes han acordado formar un frente común para trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de adoptar las anteriores medidas y establecer, a la mayor brevedad, un diálogo y negociación con el Gobierno, confiando en que se puedan llegar a adoptar medidas eficaces que mejoren la situación actual y eviten una movilización nacional del Sector.
