El pasado 25 de mayo, el Juzgado Contencioso-Administrativo Nº3 de Santander estimaba la demanda interpuesta por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) contra la resolución del consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria, en la que no admitía la deuda pendiente con los concesionarios cántabros, y condenaba a la comunidad autónoma a pagar los 9.000 euros, más los intereses legales, que los puntos de venta adelantaron a sus clientes.
"Se ha hecho justicia y, de alguna manera, se reconoce que la gestión del Plan 2000E fue desastrosa y que se hizo un daño enorme a muchas pymes concesionarias. Desgraciadamente, muchos concesionarios no van a llegar a recibir el dinero que se les debe porque la crisis ha terminado con ellos", ha dicho Antonio Romero-Haupold, presidente de Faconauto.
Problemas con el sistema informático
Faconauto recuerda que el Plan 2000 E fue concebido como una subvención que las Administraciones Públicas (Ministerio de Industria y comunidades autónomas) otorgaban al comprador de un vehículo. A los concesionarios se les exigía legalmente adelantar el importe de la subvención a los compradores, como mandatarios de la Administración, que luego debían recuperar de ésta grabando los expedientes en el sistema informático de la entidad colaboradora Fitsa, por lo que las operaciones que no se registraron se tenían por no presentadas y el concesionario perdía la subvención.
Los puntos de venta empezaron a adelantar las subvenciones el 8 de enero de 2010, pero no pudieron grabarlas hasta el 25 de marzo de ese año. Para esa fecha, las subvenciones habían superado con creces el 100% del presupuesto de varias comunidades autónomas y el 75% de las del Estado, por lo que, cuando se abrió el sistema para grabar las operaciones, éste apenas estuvo abierto unas horas para los expedientes de las comunidades autónomas y cinco días para las del Estado por haberse llegado al cupo máximo. Como consecuencia de ello, muchos concesionarios no pudieron grabar las operaciones, por lo que el Estado o la comunidad autónoma correspondiente negaron el reembolso.
Faconauto contrató a los despachos Qvadrigas y Yañez & Gili Abogados para ejercitar conjuntamente las acciones para recuperar dichas subvenciones, ya que se consideró que la actuación de la Administración había perjudicado a los concesionarios.
Faconauto ha reclamado un total de 13.981 operaciones, por 6,8 millones de euros, de los que cerca de dos millones corresponden al Ministerio de Industria y 4,8 a las comunidades autónomas. Asimismo, la patronal estima que esta cifra es únicamente un tercio del total, ya que muchos concesionarios decidieron no reclamar judicialmente.
