Según ha señalado Fenebus, la base jurídica de la Directiva había sido objeto de gran discusión durante su aprobación, cambiándose la prevista originalmente por la de cooperación policial. El 25 de enero de 2012, la Comisión Europea decidió impugnar la base jurídica de la Directiva ante el Tribunal de Justicia de la UE, al considerar que la base jurídica pertinente para legislar en materia de seguridad vial es transportes y no cooperación policial. Además, la Comisión solicitó expresamente al Tribunal que se mantuviesen los efectos de la legislación hasta que se aprobase una nueva directiva con la base jurídica correcta. Esto ha provocado que hayan surgido muchas preocupaciones, por el hecho de que algunos Estados miembros pudieran mostrarse menos proclives a prepararse para la aplicación de la Directiva.
Kallas ha manifestado que la Comisión Europea tomará las disposiciones necesarias para garantizar, a través del procedimiento de infracción previsto en el Tratado de Funcionamiento de la UE, "la incorporación de la Directiva a los ordenamientos jurídicos de los países de la UE". Además, Kallas ha destacado la creación un grupo de expertos sobre la aplicación de la Directiva con el fin de apoyar la sanción de infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.
