Asimismo, la reforma busca adecuar la LOTT a la evolución que ha experimentado el mercado del transporte por carretera desde 1987, revisando algunos de sus artículos. El proyecto de ley incorpora aquellas reformas que han ido introduciendo durante los últimos años los reglamentos comunitarios dictados en materia de transporte, para lograr así una mayor transparencia y seguridad jurídica.
El nuevo texto normativo busca, en primer lugar, incrementar la flexibilidad a las empresas para poder operar en el mercado del transporte por carretera. En la actualidad es necesaria una autorización para realizar transporte y otra segunda para realizar operaciones de subcontratación del mismo. Con la modificación prevista será posible realizar todo tipo de actividades relacionadas con el transporte con una única autorización.
Además se reducen las cargas administrativas para las empresas, ya que con la nueva ley podrán hacer todas las gestiones necesarias con la autoridad de transporte competente (Ministerio de Fomento o Comunidades Autónomas) a través de Internet, sin necesidad de acudir físicamente a sus centros.
“Con esta medida se consigue una importante reducción de costes y de los tiempos de tramitación de las solicitudes”, destaca el Ministerio de Fomento. Asimismo, la norma pretende extender la competencia de las juntas arbitrales para la resolución de conflictos, “un mecanismo que ha demostrado ser muy útil como alternativa a la vía judicial”.
Mejoras de la reforma
La reforma también pretende contribuir a una mayor transparencia, ya que se aumenta el número de datos que las empresas deberán inscribir obligatoriamente y se establece que determinada información será pública para los interesados que deseen consultarla. Con ello, los que quieran contratar un transporte podrán conocer con carácter previo si la empresa en cuestión cuenta con la debida autorización, mientras que los usuarios de las líneas regulares de autobuses podrán informarse sobre las condiciones y tarifas del
servicio que quieran utilizar.
También espera incrementar la lucha contra el intrusismo en el sector reforzando el principio de que sólo quien tenga autorización de transporte puede contratar y facturar en su nombre, y se regula una infracción para poder sancionar, bajo la normativa de transporte, cuando se incumpla dicho requerimiento. El proyecto prevé también una nueva regulación del régimen sancionador, armonizando sus previsiones a las infracciones previstas en el marco comunitario, con lo que se mejora la seguridad jurídica a las empresas, especialmente a las que realizan transporte internacional.
Todas las medidas expuestas afectan tanto al transporte de mercancías como al transporte discrecional de viajeros, pero también hay una serie de aspectos contenidos en la norma que resultan importantes para el sector de las líneas regulares de transporte de viajeros por autobús, que son concesiones otorgadas por el Ministerio de Fomento o las comunidades autónomas. La nueva ley obliga a la inscripción de los contratos de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros en el registro, con lo que se aumenta la transparencia del mercado para los viajeros o usuarios de las líneas regulares de autobuses, ya que podrán informarse (vía internet) en todo momento sobre las condiciones y tarifas del servicio regular que van a utilizar.
