"El transporte debe tener la consideración del resto de servicios públicos como la sanidad o la educación, y por ello merece de las administraciones el mismo esfuerzo para su fomento", explicó Cortés. También incidió en "la importancia de articular un texto normativo que incluya herramientas e instrumentos de planificación, financiación, gestión y control". La consejera también aprovechó para agradecer la implicación de los agentes económicos y sociales que han tomado parte.
Explica la Junta que la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible "parte de la premisa de que el sistema multimodal e integral debe asentarse sobre la triple alianza entre el peatón, la bicicleta y el transporte público colectivo para reducir la necesidad de transporte, basándose en una adecuada ordenación del territorio, además de evitar las emisiones de gases con efecto invernadero, disminuir el consumo energético o minimizar los accidentes".
Cortés también destacó que el objetivo de la norma es el de "garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde se viva, la capacidad adquisitiva que se tenga, la edad o el género, y hacerlo sin generar más movilidad que la estrictamente necesaria". Para ello se pasarán a regular a través de esta ley as obligaciones de las distintas administraciones sobre el transporte público.
