Dichas inspecciones, según se asegura en el comunicado enviado por la Comisión Nacional de la Competencia, se realizaron "bajo la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en la coordinación de conductas entre operadores en materia de precios y condiciones comerciales en la distribución de combustibles de automoción a través de estaciones de servicio".
Los responsables de la CNC han explicado que estas inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y "no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidades inspeccionadas". En el caso de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación formal del expediente, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
Un sector en el punto de mira
Según cuenta el comunicado, el sector de distribución de productos petrolíferos ha sido recurrentemente objeto de interés por la autoridad de competencia española, la cual ha realizado un seguimiento constante de dicho sector, "producto del cual se han emitido una serie de informes en los que la CNC ha puesto de manifiesto el problema de la falta de competencia en el sector, tras constatar un incremento significativo en el precio de los carburantes, en un contexto de niveles generales de precios minoristas más elevados que los registrados en países de nuestro entorno".
Lo mismo ha ocurrido, según recuerda la CNC en su comunicado, con la Comisión Nacional de Energía (CNE), la cual se ha hecho eco "del alineamiento general de los precios de venta al público de los combustibles de automoción" De hecho, la CNE ha dado a conocer recientemente el inicio de un expediente informativo con el objeto de "determinar la causa del denominado efecto lunes, consistente en la bajada del precio entre el domingo y el lunes que se acompaña de una subida posterior a partir del martes no justificada por la evolución de las cotizaciones internacionales, e identificar qué operadores pudieran estar siendo responsables de las citadas actuaciones y comprobar si estas conductas se ajustan a la legalidad".
