Han pasado seis meses desde que la DANA golpeó con fuerza la Comunidad Valenciana. Seis meses en los que las campas de los empresarios de auxilio en carretera siguen repletas de coches anegados, oxidados, irreconocibles. Vehículos que un día fueron rescatados del agua con urgencia y profesionalidad, y que ahora, irónicamente, nadie quiere reclamar. Ni los dueños, ni las aseguradoras, ni la administración.
Los héroes del barro, hoy ignorados
En los días más críticos, grúas y operarios trabajaron sin descanso junto a la UME y servicios de emergencia para despejar calles, rescatar coches y devolver algo de orden al caos. Hoy, los mismos que entonces estuvieron en primera línea viven rodeados de chatarra. Campas colapsadas, robos frecuentes, y un gasto que no deja de crecer.
“No sabemos a quién pertenecen muchos de estos coches. No tienen papeles. Y cuando tienen matrícula, la DGT no nos da los datos. Tampoco los ayuntamientos, ni las aseguradoras”, cuenta uno de los empresarios afectados, con voz entre frustración e impotencia.
Una montaña de obstáculos... y de coches
La normativa exige localizar al titular del vehículo antes de tramitar la baja. ¿El problema? La administración impone esa obligación, pero impide cumplirla. “Así es imposible hacer las cosas bien. Nos exigen avisar, pero nos niegan las herramientas para hacerlo”, explica Xavier Martí, portavoz de la Alianza Nacional del Auxilio en Carretera.
Las aseguradoras, por su parte, solo han cubierto en muchos casos uno o dos días de depósito. El resto —más de seis meses ya— ha corrido por cuenta de estas empresas, que ni siquiera pueden mover los coches sin incurrir en responsabilidad legal. “Es como estar atrapado entre el barro y el BOE”, bromea, amargamente, otro afectado.
De héroes a olvidados: cuando ayudar sale caro
La situación es tan absurda como peligrosa. Hay vehículos cuyo propietario ha fallecido. Otros simplemente no aparecen. Mientras tanto, las campas se convierten en vertederos improvisados, con riesgos para el medioambiente y la seguridad.
Las empresas de auxilio, que representan a más de 12.000 grúas en todo el país, no descartan emprender acciones legales, incluso penales, contra los organismos que —por acción u omisión— están provocando este bloqueo. “Esto no es solo una injusticia para nosotros. Es una irresponsabilidad con consecuencias para todos”, concluye Martí.
Seis meses después de la tormenta, el agua ya se fue. Pero la sensación de abandono sigue empapando cada rincón de esas campas.
