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El Parlamento de Canarias relaja las modificaciones a la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera

martes 28 de octubre de 2014, 01:00h
El Parlamento de Canarias relaja las modificaciones a la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera

El Parlamento de Canarias ha debatido esta semana en sesión parlamentaria el proyecto de ley que introducía modificaciones a la Ley de Ordenación de Transporte por Carretera de Canarias. Según los nuevos cambios, los autobuses no tendrán limites de pasajeros y no será exigible la acreditación a guías turístico.

El Ejecutivo canario ha debatido este miércoles el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y sociales. Tras la sesión parlamentaria, se ha acordado que la modificación de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias no será finalmente tan estricta como se había planteado. Algunos de los cambios propuestos eran restricciones en el número de pasajeros con los que podía circular un autobús, la exigencia de guias turísticos en las excursiones de turismo o la prohibición a los taxis que no pertenecieran al municipio de un recinto aeroportuario de recoger a clientes en las terminales.

Este nuevo proyecto de ley permite a los autobuses circular con cualquier número de ocupantes sin limitaciones. Sin embargo, los transportistas deberán suscribir un contrato con sus clientes en el que especificarán el número de pasajeros previstos al principio del viaje y los pasajeros restantes al finalizar el servicio. Según el nuevo proyecto tampoco será exigible el guía turístico oficialmente acreditado en las excursiones de turismo, y solamente se exigirá acreditación en excursiones en las que se ofrezca explicaciones de orden geográfico, cultural, histórico o de ocio.

Otro de los temas controvertidos era la prohibición de recoger viajeros  a los taxis que no pertenecieran a municipios dónde se encuentran recintos aeroportuarios. Ahora estos taxistas podrán seguir operando durante un año mediante el sistema de tránsfer, pero en este plazo los Cabildos afectados deberán presentar un estudio socioeconómico que determine la procedencia o no del mantenimiento del área sensible.