Los grupos políticos que integran la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados expusieron su compromiso y apoyo a la creación de una Ley de Financiación del transporte colectivo urbano, en respuesta a la demanda que en tal sentido formuló el presidente de Atuc, Miguel Ruiz, durante su comparecencia en dicha Comisión.
Atuc es una organización formada por 73 empresas, tanto públicas como privadas, que operan en el sector en los diferentes modos de Transporte: autobuses, metros, tranvías y trenes de cercanías.
Miguel Ruiz presentó ante los portavoces de los diferentes grupos políticos la necesidad de una Ley de Financiación del Sector, que representa un coste de 2.500 millones de euros anuales, la mitad de los cuales proviene de las subvenciones de las distintas administraciones públicas, y que mueve al año más de 3.000 millones de viajeros. Es urgente que "España deje de ser el único país europeo que carece de un modelo de financiación para un Sector tan estratégico como el que representamos", aseguró Ruiz.
La propuesta de Atuc, que fue unánimemente acogida por los grupos políticos que integran la Comisión, supone la aprobación de una ley estatal de financiación que permita la homogeneización de todas las comunidades autónomas; modelice de manera estable el sistema de movilidad colectiva urbana; establezca contratos programa para las ciudades de más de 500.000 habitantes; implique a comunidades autónomas y ayuntamientos para la estabilidad de la gestión en el resto de ciudades y, finalmente, que garantice la exclusión del debate político a la política tarifaria.
El Sector cree necesario que la futura ley dé estabilidad para su gestión mediante un marco global con un horizonte de, al menos, ocho años con revisiones cuatrienales. "En España programamos la gestión, que incluye costes de explotación, inversiones e infraestructuras, con cuatro meses de antelación a cada ejercicio, que es el tiempo que transcurre desde que se conoce la Ley de Presupuestos que fija las subvenciones y el ejercicio inmediato. En Alemania o Italia, por ejemplo, estas previsiones se establecen con una perspectiva de 10 años", selló Miguel Ruiz.
Atuc propone la consideración de cualquiera de las dos líneas que imperan en Europa para la financiación del Sector: "quien contamina, paga", caso de Alemania; o, caso de Francia, "quien se beneficia, paga".
Ruiz rememoró el caso de los peajes urbanos de Londres, y del impuesto sobre los hidrocarburos de Alemania con destino final para el Sector, "no como ocurrió en España, donde el 'céntimo sanitario' ha tenido que devolverse a los transportistas porque lo recaudado no fue para el Transporte".
El presidente de Atuc también recomendó a los parlamentarios que "han de determinar claramente cómo, qué y quiénes han de financiar la movilidad colectiva urbana". En 2014 la financiación por las diversas administraciones supuso un desembolso de 286 millones de euros, de los que Madrid recibió 126 millones, Barcelona 94 y Canarias 25, dejando menos de 50 para distribuir entre el resto de ciudades de más de 50.000 habitantes, que están obligadas por ley a ofrecer servicio de transporte urbano colectivo.
