En una sentencia dada a conocer la semana pasada, el alto tribunal ha considerado que la decisión tomada por los gobiernos de Valencia y Galicia está en contra de las directrices de la Unión Europea, que fijan que la duración de los contratos públicos no puede superar los 10 años.
Fenebús ve como un auténtico sinsentido que un Tribunal español anule unos contratos que la CE ya se pronunció en positivo
Sin embargo, la Comisión Europea en abril de 2015, no considero incumplimiento y decidió archivar el expediente abierto contra el gobierno del Reino de España como consecuencia de una denuncia formulada por un grupo empresarial de transporte español y en el que se cuestionaba precisamente el presunto incumplimiento de la normativa comunitaria contenida en el Reglamento 1370/2007 por determinadas leyes autonómicas de transporte de viajeros ( entre ellas la de Galicia y la de Valencia) en relación con las prórrogas otorgadas por las disposiciones autonómicas, sobre las que únicamente tuvieron que reducir algunos años los plazos establecidos en las leyes de Cataluña y La Rioja. Desde Fenebús ven como un auténtico sinsentido que un Tribunal español anule unos contratos de servicio público de transporte de viajeros por incumplimiento de la normativa comunitaria, cuando precisamente la Comisión Europea se pronunció previamente que no incumplían dicha normativa.
Más en concreto
En el caso de Galicia, están afectadas las concesiones al transporte de viajeros por carretera que la Administración autonómica había otorgado en 2010 con el objeto de dar estabilidad económica al sector a cambio de que las empresas afrontaran un plan de modernización de la flota de autobuses. Esta medida afectará a los 129 contratos (el 89% de las concesiones) que han quedado invalidados con la sentencia.
La tramitación de la prórroga se inició con una ley aprobada a finales de 2009 por el Parlamento gallego. La aplicación efectiva de la ley se produjo en febrero de 2010 mediante una resolución de la entonces consellería de Medio Ambiente.
De las 88 concesiones, 75 están caducadas, lo que supone el 85 % del total
En Valencia, el mismo tribunal ha desestimado los recursos presentados por la Generalitat y Autocares Costa Azul, junto a otras 80 entidades más, contra la sentencia que anuló el decreto que aprueba el Plan de Modernización de las concesiones de transporte público regular permanente de viajeros por carretera.
La Generalitat y las empresas recurrieron la sentencia del 22 de octubre de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anuló el decreto 24/2010 de 29 de enero de la Conselleria de Infraestructuras y transporte.
En esa sentencia, se estimaba el recurso de la Comisión Nacional de la Competencia contra el decreto del Consell y lo anulaba. En el recurso de la Generalitat, alegaba que la sentencia del TSJCV había incurrido en arbitrariedad por una afirmación que declaraba que la Comunitat no había aportado ningún presupuesto tangible que muestre que la prórroga generalizada de las concesiones constituye la mejor opción.
De las 88 concesiones, 75 están caducadas, lo que supone el 85 % del total.
