Desde el organismo de Ordenación y Normativa de Transporte Terrestre, aseguran que España no se opone al establecimiento de normas y protección de los derechos sociales de los trabajadores pero que consideran que el establecimiento de medidas como el salario mínimo deben realizarse de forma armonizada en todo el territorio de la Unión Europea.
"La aprobación unilateral por algunos Estados miembros de esta legislación nacional proteccionista supone una barrera a la libre prestación de servicios y circulación de mercancías que debe evitarse"
"La aprobación unilateral por algunos Estados miembros de esta legislación nacional proteccionista supone una barrera a la libre prestación de servicios y circulación de mercancías que debe evitarse", explica Emilio Sidera, Subdirector General de Ordenación y Normativa de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento.
La reglamentación social debe ser homogénea y armonizada, y evitar que se generen cargas administrativas excesivas a las empresas que realizan transporte internacional.
En este sentido, el Ministro de Fomento aprovechó la reunión sostenida con su homólogo francés para mostrarle su preocupación por la adopción de medidas unilaterales en el transporte por carretera que puedan ir en contra de la libre prestación de estos servicios en el ámbito internacional, además de reiterarle la necesidad de que se adopten las disposiciones necesarias para evitar los actos vandálicos que sufren los transportistas españoles en territorio francés.
Partido Socialista
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha procedido a registrar en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley contra el dumping social en el transporte de mercancías por carretera. Instan al Gobierno a adherirse a la Alianza europea por la Carretera y también reclaman que ese transponga la normativa española a la mayor brevedad a la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores pertenecientes a empresas transportistas extranjeras. Así como piden que se refuerce el Plan de Inspección de Transporte por Carretera, especialmente en materia de control del transporte realizado por las empresas transportistas no residentes en España a fin de controlar el dumping social y la competencia desleal que sufren las empresas españolas.
