Una de las principales novedades del texto aprobado por la Eurocámara es la introducción de las Auditorías de Seguridad Vial (ASV) en las fases de anteproyecto, proyecto, preapertura y explotación inicial. Esta herramienta ha sido implantada con muy buenos resultados en diversos países de nuestro entorno. Se estima que las ASV pueden contribuir a reducir hasta un tercio las cifras de siniestralidad. Su aplicación beneficiará a estados como España que aún no las han implantado de forma generalizada.
La Asociación Española de la Carretera (AEC) trabaja activamente en la promoción de herramientas preventivas de mejora de la seguridad vial. Y lo hace de forma especial en el caso de las ASV. Por ello, participa en varios programas de investigación nacionales e internacionales, publica comunicaciones y artículos y organiza cursos de formación de auditores de seguridad vial en España. Recientemente, también ha colaborado en iniciativas relacionadas con las ASV en Portugal y Argentina. Por ello, la AEC ha puesto especial atención en estas auditorías durante el proceso de elaboración de la Directiva recientemente aprobada.
Comienzos difíciles
El devenir de la Directiva sobre Gestión de la Seguridad de las Infraestructuras Viarias ha sido complejo desde sus inicios en 2006, cuando se abrió el periodo de consultas a los principales representantes del sector viario europeo, entre los que figura la AEC, con vistas a la redacción de un primer borrador. Finalmente, el nuevo texto presentado al Parlamento Europeo consiguió ser aprobado el 19 de junio de 2008 en una primera votación. Además del desarrollo de ASV en la Red Transeuropea de Carreteras, la Directiva incide en otras importantes áreas:
• Evaluación de impacto de seguridad para proyectos de infraestructura.
Estas evaluaciones son procedimientos formales para la valoración independiente de los efectos que una alteración del tráfico o cualquier otro parámetro que afecte a la circulación puede llegar a tener sobre la probabilidad de sufrir un accidente. Dichas evaluaciones deberán realizarse en la fase inicial de planificación, antes de que el proyecto se haya aprobado.
• Clasificación y gestión de la seguridad viaria en explotación. Los Estados miembros deberán garantizar que la clasificación de los tramos de concentración de accidentes se lleve a cabo, como mínimo, mediante exámenes trienales . En cuanto a la posibilidad de señalizar estos tramos, la UE deja este aspecto a elección de cada país, siempre y cuando se atenga a lo dispuesto
en el Convenio de Viena sobre Señalización Vial de 1968.
• Inspecciones de seguridad. Deberá garantizarse el desarrollo de este tipo de inspecciones en las carreteras abiertas al tráfico. Dichos estudios tendrán que efectuarse con la suficiente frecuencia como para garantizar un nivel de seguridad adecuado. En este punto, se prestará especial atención al impacto de las obras en las condiciones de seguridad de las vías.
• Gestión de datos sobre accidentes. Los Estados miembros velarán por que los órganos competentes redacten un informe completo sobre cada accidente mortal registrado en las carreteras sometidas a inspección. En estos informes se deberá evaluar también el coste social de los accidentes y las muertes derivadas de ellos.
• Designación y formación de auditores de seguridad vial. Las Auditorías de Seguridad Vial (ASV) son procedimientos sistemáticos en los que un auditor independiente y cualificado comprueba las condiciones de seguridad de un proyecto de carreteras, de una vía abierta al tráfico o de cualquier proyecto que pueda afectar a la infraestructura o a los usuarios.
Con vistas a una aplicación efectiva de las ASV, los Estados miembros deberán desarrollar cursos de capacitación para profesionales encargados de aplicar estas auditorías. Tanto estos profesionales como el diseño de las ASV deben responder a criterios de independencia.
• Intercambio de mejores prácticas. La Comisión deberá establecer un sistema de intercambio de información sobre buenas prácticas de seguridad vial entre los Estados miembros. El objetivo es favorecer la aplicación de dichas medidas en las carreteras que no pertenecen a la Red Transeuropea.
