El objetivo es establecer el marco jurídico para la prestación de los servicios que conforman la red de transporte público de viajeros por carretera en dicha Castilla y León, así como el de las infraestructuras necesarias para su desarrollo
La Comunidad de Castilla y León acomete ahora el desarrollo propio de sus competencias a través de una norma con rango de ley, dando cobertura normativa a las necesidades de movilidad derivadas de su específica ordenación territorial de acuerdo con la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, y conforme a las directrices de la UE, los principios y postulados de la ordenación estatal, y la necesaria defensa de la unidad de mercado. En este sentido, en la futura ley se regulan únicamente aquellos aspectos imprescindibles del transporte público que necesitan de una cobertura específica en Castilla y León, previéndose expresamente para el resto la supletoriedad de la legislación estatal.
El texto legal regula aspectos propios de los servicios de transporte público de viajeros por carretera tanto interurbanos que discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad, como urbano en autobús y vehículos de turismo (taxi). Así mismo, lleva a cabo un detallado desarrollo de la planificación y coordinación del transporte público entre Administraciones y entre modos, con especial mención del Mapa de Ordenación de Transportes, como herramienta básica de ordenación del mismo, y de la obligación de coordinación de la ordenación territorial y el urbanismo con la movilidad que se genera en dichas actividades. También se ocupa, considerando el actual vacío legal existente provocado por la modificación de la normativa estatal, de la regulación de las infraestructuras complementarias al transporte, y especialmente del régimen aplicable a las estaciones de transporte de viajeros por carretera.
Transporte urbano y metropolitano
En cuanto al transporte urbano y metropolitano de viajeros por carretera de Castilla y León,
se pretende lograr una actualización del mismo, regulado hasta ahora en la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, que consecuentemente se deroga, consiguiendo con ello integrar en una sola norma todos los ámbitos territoriales de competencia de la Comunidad en materia de transporte de viajeros.
Cabe destacar la oportunidad de esta norma, como consecuencia del vencimiento contractual de la red autonómica de contratos de gestión de servicio público de transporte de viajeros en diciembre de 2019
por resultar improrrogables conforme al derecho comunitario, por lo que se impone un cambio de régimen y una estrategia política regional que facilite esta transición y marque las pautas de la futura red de transporte público de viajeros en Castilla y León.
