Las asociaciones de transportistas condicionan cualquier posibilidad de negociación a que se garantice el cumplimiento de la actual normativa sectorial
La última reunión, celebrada el pasado mes de diciembre, concluyó sin acuerdo por el rechazo de las asociaciones de transportistas a negociar la implantación del aumento del tonelaje actual de los vehículos de transporte a 44 toneladas, al reafirmar que las medidas ofrecidas hasta la fecha no garantizan ninguna mejora económica para el transportista, ni para el sector en su conjunto. Si lo exigen las asociaciones de cargadores para poder apoyar la introducción de otras medidas en el ámbito de la contratación del transporte, fiscalidad, reglamentación sectorial y operatividad del transporte, entre otros.
Sin embargo, las asociaciones de transportistas condicionan cualquier posibilidad de negociación a que se garantice el cumplimiento de la actual normativa sectorial, ya que en la actualidad se producen importantes grados de incumplimiento en aspectos como los plazos máximos de pago y tiempos de espera; operaciones de carga y descarga de los vehículos; cláusula de revisión de los precios de transporte, retención de las facturas en caso de siniestro y la aplicación de la acción directa en caso de impago del transporte, entre otros.
Verificación del cumplimiento normativo
Por ello, las asociaciones de transportistas insisten en que ambas partes deben, previamente, verificar que se produce una mejora en el cumplimiento de los actuales aspectos normativos y regulatorios del Sector por parte de las empresas cargadoras, antes de proceder a abordar cualquier cambio normativo. En su defensa, las asociaciones de cargadores alegan que los posibles incumplimientos en aspectos contractuales, tales como los plazos de pago o los bajos precios de los portes, no son imputables a ellos si no a los intervinientes en la cadena de subcontratación, a los que acusan de actuar en perjuicio de los transportistas efectivos.
Tras un intenso debate entre las partes, se concluye la reunión con el compromiso de las asociaciones de cargadores de elaborar una propuesta de mecanismos y medidas que permitan verificar el grado de cumplimiento de los diferentes ámbitos normativos y regulatorios del Sector, que serán analizados en una próxima reunión.
