De esta forma, en las alegaciones presentadas el pasado 6 de septiembre al anteproyecto de ley de modificación de la Ley 16/2017 del Impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica elaborado por la Generalitat de Catalunya (VER DOCUMENTO ADJUNTO), la patronal de la distribución argumenta que este nuevo gravamen supone aumentar más de 1.000 euros la carga fiscal que ya soportan los conductores durante aproximadamente los nueve años de tenencia del coche por un mismo concepto.
Según datos de la Agencia Tributaria, se matricularon en Cataluña 198.699 vehículos en 2018, de los cuales el 32,4% liquidaron una cuota media de 923 euros por vehículo en concepto de Impuesto de Matriculación, al emitir entre 120 y 140 gCO2/km.
Partiendo de esta base, Ganvam estima que con este nuevo impuesto autonómico al CO2, todavía pendiente de aprobación, el conductor deberá liquidar no solo ese importe al matricular, sino también, como mínimo, entre 120 y 140 euros más anuales, en función de sus emisiones, lo que supone una doble imposición.
Además, “como no existe un censo ni una base de datos donde consultar las emisiones de CO2 de los vehículos sujetos a tributación, la seguridad jurídica que ofrece el impuesto es bastante débil y se puede producir la paradoja de que pague más un vehículo más moderno y que emite menos CO2. Quien contamina más, no pagaría más”, según el director Jurídico de Ganvam, Jaime Barea.
Penaliza la actividad económica
Con esta nueva fiscalidad, se penaliza además la actividad económica y se corre el riesgo de impulsar la deslocalización de empresas y la fuga de matriculaciones hacia otras comunidades, ya que no exime del pago a la totalidad de los vehículos ligados a actividades profesionales.
Además, para Ganvam este nuevo impuesto rompe la unidad de mercado y no permite garantizar que los vehículos afectados por el impuesto serán los que circulen por Cataluña, sean o no sus empresas residentes en ese territorio.
Ante este escenario, Ganvam aboga por la anulación del anteproyecto y por la puesta en marcha de una reforma fiscal que, coordinada con el Estado, permita gravar el uso y no la compra para no penalizar la entrada de nuevos vehículos en el parque, frenando su necesaria renovación.
