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El transporte público propone la nueva Ley de Financiación a los partidos

jueves 31 de enero de 2019, 07:00h
El transporte público propone la nueva Ley de Financiación a los partidos
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Ayer, en una jornada organizada por Atuc, Asociación de Transporte Públicos Urbanos y Metropolitanos, se reunió a los parlamentarios de los cuatro partidos con mayor representación: Ana María Zurita Expósito (PP), César Joaquín Ramos Esteban (PSOE), Félix Alonso Cantorné (Unideos Podemos) y Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (Ciudadanos).

Zurita fue la primera en dar su opinión acerca de la situación actual del transporte de viajeros. Declaró que “el transporte tiene que ser garantía de movilidad, el transporte debe ser también una de las principales soluciones frente a la contaminación de las ciudades”.

Por su parte, Joaquín Ramos, parlamentario del PSOE, hizo mención a “la obligación que tenemos de reflexionar al revés, debemos garantizar la movilidad a los ciudadanos y, a partir de ahí, crear un modelo de movilidad. Estamos en una época de oportunidades, no de problemas”.

Por parte de Podemos, Félix Alonso dijo que “hemos dado el primero paso de acuerdo para salvar al Sector, que es lo importante. Pero es un hecho que, tenemos las mejores infraestructuras, el mejor ave, las mejores autovías, pero estamos fracasando en movilidad”.

Miguel Ángel Garaulet, defendiendo a Ciudadanos, se centró en la “sostenibilidad económica” alegando que “no solo se puede pensar en medio ambiente. Es una de las cosas a tener en cuenta, por supuesto, pero pero es prioritario hacer saber a las empresas el dinero del que van a disponer para que puedan renovar sus flotas, realizar inversiones o desarrollarse”.

Todos estuvieron de acuerdo en que es necesario sentarse a hablar y que el borrador “ayudará a tomar las decisiones” que más beneficios aporten al Sector y a los ciudadanos.

Algunas medidas que se plantean

El transporte urbano y metropolitano pide indexar fondos que se conceden cada año para su financiación, entre otras variables, al crecimiento del PIB durante el ejercicio precedente. Esta medida hubiera supuesto un incremento de la dotación presupuestaria superior al 2,5% en 2019.

También es importante el criterio vinculado al número de usuarios, que el año pasado creció al igual que la economía, mientras que las subvenciones permanecieron congeladas.