Aeutransmer ha expresado su desacuerdo con la huelga iniciada en Galicia el 1 de febrero por un sector de los transportistas ya que a su juicio, se trata de una posición "absolutamente ilegal y desproporcionada". Según reza el comunicado de la asociación de cargadores, la postura de denuncia viene motivada por "los graves incidentes producidos en el territorio de la comunidad de Galicia, que incluyen: cortes de carreteras, piquetes violentos en las entradas y salidas de las empresas cargadoras y ataques personales a los transportistas en el libre uso de su derecho a trabajar, llegando incluso a poner en peligro su integridad física o la de sus vehículos, y ocasionando la negativa a trabajar por parte de los transportistas que no secundan la huelga".
Aeutransmer sostiene lo siguiente: "Los cargadores de Galicia han negociado y están negociando los precios de transporte con sus proveedores habituales para, como siempre, llegar a acuerdos considerados viables por ambas partes; los observatorios de costes y precios del Ministerio de Fomento son un estudio cuyo objetivo es ayudar al transportista a calcular sus propios costes indicando la naturaleza de los mismos, pero esos costes deben ser, como en cualquier otra actividad, calculados por cada profesional o empresa para cada vehículo y cada viaje. Nunca ha sido el objetivo de este estudio constituirse en un precio mínimo de obligado cumplimiento, y así ha sido siempre entendido por la mayoría de las empresas y asociaciones del sector tanto de transportistas como de cargadores; un precio tasado del transporte es ilegal 'de facto' pues supone un flagrante atentado contra la ley de la libre competencia; por supuesto, desde está asociación de cargadores respetamos el derecho de cada uno de los transportistas a trabajar o no, sin embargo debemos denunciar como ilegal la coacción a otros compañeros que libremente eligen la opción de trabajar; instamos a las administraciones publicas a tratar, de acuerdo a la ley, las alteraciones de orden público que se han producido o pudieran producirse y a mantener, en cumplimiento de sus funciones, la seguridad de los ciudadanos y de sus vehículos, el derecho al trabajo y a la libre circulación de personas y mercancías en el territorio de su competencia.
Posición inflexible
La Plataforma, por su parte, acordó el pasado domingo en Curtis mantener el paro indefinido, "ante la negativa a negociar de ciertos cargadores e intermediarios del transporte", al mismo tiempo que tildó de "ataque terrorista" aquel que ha provocado daños evaluados en 100.000 euros en la flota de la empresa lucense Transportes Damil, "por el mero hecho de ser miembro de Plataforma y no aceptar trabajar a precios ruinosos". La Plataforma reitera, en su página web, su "absoluto rechazo a la violencia" y aconseja "a todos los Conductores Profesionales Asalariados que están siendo usados por patrones sin escrúpulos, sin ningún respeto ni consideración por su integridad de personas y de trabajadores, se nieguen a conducir vehículos de transporte, a menos que sean escoltados y salvaguardados por el operativo de la Guardia Civil encargado del seguimiento de este paro indefinido".
