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    22 de octubre de 2019

Anfac denuncia el proyecto de Ley de Cambio Climático en Baleares

Esta norma incluye la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel

Mario Armero.
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Mario Armero.

La asociación afirma que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Govern de las Islas Baleares afecta gravemente el normal funcionamiento del mercado interior y supone un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea

La Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones (Anfac) ha denunciado ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de las Islas Baleares. Esta norma, en avanzada fase de tramitación, incluye la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel que circulan legalmente en el resto de España y de la Unión Europea. Yendo aún más allá, a partir de 2035, se prohibirá la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales).

Anfac solicita así a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea

Ningún ciudadano europeo podrá acceder con su vehículo de combustión a estos territorios insulares a partir de estas fechas. Tampoco los concesionarios radicados en las Islas podrán vender vehículos de nuevas tecnologías como sí pueden hacer los sitos en la Península, con el consiguiente impacto económico. La Asociación entiende, en sus escritos dirigidos a estas autoridades, que estas medidas son “arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas, están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico y suponen un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”, así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.

La prohibición pretende “atajar un supuesto problema de calidad del aire”, asegura la denuncia, cuando la calidad del aire en las Islas es entre buena y excelente en base al propio Informe de Calidad del Aire 2017 de las Islas Baleares. No puede ampararse así en la excepción de la protección del medio ambiente y la salud de las personas porque no concurren los requisitos necesarios.

La prohibición “incumple flagrantemente” la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al “afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías”, afirman en la denuncia. Además, supone un “grave obstáculo para la unidad de mercado español y tendrá unos efectos muy negativos” para el Sector.

Anfac solicita así a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea y, en caso de que se mantenga la vigencia de la aprobación, que se adopten medidas cautelares consistentes en la suspensión de la prohibición. Además, se solicita al Consejo de Unidad de Mercado que proponga la adopción de medidas necesarias para evitar la entrada en vigor de la prohibición.

Propuestas que persiguen un objetivo

Anfac también señala en sus escritos que la prohibición, “además de ser innecesaria e inadecuada para sus fines, va más allá de lo estrictamente necesario”. La Asociación está a favor de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética “que no se base en prohibiciones, sino que fije objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y estrategias para conseguirlos, tales como la promoción de la renovación y el achatarramiento del parque móvil avejentado; planes de impulso e incentivo de la adquisición de vehículos que utilicen combustibles procedentes de fuentes alternativas, medidas fiscales beneficiosas tanto para los automóviles como para la instalación de puntos de recarga y otros beneficios no económicos, etcétera”.

Los fabricantes están “ampliamente comprometidos” con la descarbonización del parque y están invirtiendo miles de millones en investigación para alcanzar tecnologías de propulsión cada vez más limpias. Sin embargo, “esta medida no va en línea con los planes de la Comisión Europea, cuyo enfoque sobre la descarbonización es claro y parte de estrategias y medidas de apoyo e impulso sin prohibición. Las prohibiciones taxativas dañan al mercado y la competitividad de las empresas e industrias que operan en España”, señaló el vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero.

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